La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Lucas Godoy (FdT), avanzó este miércoles con el dictamen del proyecto de “Ley Nicolás”, sobre seguridad del paciente, que ya contaba con aval de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. 

Durante el encuentro, uno de los autores del texto consensuado, el diputado Fabio Quetglas (UCR), señaló que “los sistemas públicos están siendo cuestionados en todo el mundo” y “la confianza en el sistema es una de las bases de su funcionamiento”. En ese sentido, “todo lo que podamos hacer por mantener la confianza en el sistema es bueno para la sociedad”, consideró. 

El radical aclaró que “esta no es una ley fundacional, hay muchas cosas que se han hecho” como la ley de digitalización de historias clínicas, recientemente, y destacó que “hubo un trabajo colaborativo muy intenso con todos los bloques, con todos los diputados” en la Comisión de Salud, desde donde también se dialogó “con muchísimos actores del sistema”. 

“Sabemos que el sistema de salud está en una situación de mucha fragilidad financiera, pero queríamos construir un instrumento que dé cuenta que a la Argentina no le resulta indiferente mantener estándares de seguridad dignos”, agregó. 

Por su parte, la otra impulsora del tema, la diputada Mónica Macha (FdT), explicó que se busca que en “los errores que pueden aparecer en la práctica médica”, los equipos de salud tengan “un espacio donde poder trabajar, que no se tape, que no se niegue”. “Separo, por supuesto, aquellos actos de negligencia grave; eso tiene otro tratamiento”, añadió.

La oficialista ponderó el “concepto de cultura justa” que incluye el proyecto, el cual “significa poder trabajar en términos de problematizar la práctica cotidiana”. “Hay muchas cosas que ya están en las leyes que tenemos, pero también las estadísticas muestran que es importante generar prácticas que permitan cambiar la cultura del maltrato y la violencia”.

El proyecto tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”. 

De acuerdo a la iniciativa, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos. 

También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”, entre otros puntos. 

En el temario de este miércoles también se sumó otro proyecto que salió de la Comisión de Salud días atrás, y es que tiene que ver con regular el ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos. Desde Juntos por el Cambio anunciaron disidencias, pero aclararon que no eran para obstruir el dictamen. También quedó abierta la posibilidad de modificar la redacción cuestionada cuando la iniciativa se trate en el recinto. 

Al respecto, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) apuntó a “establecer un marco mínimo de formación adecuada del título que estamos intentando acreditar. Si bien es una ley de adhesión, la redacción no queda queda conforme a lo que es la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Profesional Técnica”.

En consonancia, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) reconoció que “es una propuesta que viene a traer una solución muy importante”, pero “no tuvo giro a la Comisión de Educación”. “Menciona a los títulos de universidades, pero no menciona que tienen que ser de nivel superior”, observó. 

El proyecto define que “el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico comprende a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje biopsicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos, bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva”.

Y agrega que “la actividad del acompañante terapéutico se desarrolla a través de la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales-comunitarios sin distinción de género ni edad”. 

Por otra parte, avanzó el dictamen de un proyecto que busca establecer un régimen de patrimonio cultural inmaterial, con el objeto de “constituirse en un mecanismo de gestión para la identificación y clasificación de las expresiones patrimoniales culturales inmateriales que hay en todo el territorio nacional, con fines de salvaguardia, conservación, difusión y la creación de un registro de carácter público, en los términos de la Ley 26.118”.

Su autor, el diputado Hernán Lombardi (Pro) sostuvo que “el patrimonio cultural inmaterial ha sido valorizado enormemente en las últimas décadas como un elemento insustituible a la hora de generar identidad en un mundo global, preservar tradiciones, costumbres, voces, música”. “Esta ley tiene que ver con lo que hacemos los argentinos, esta ley viene a llenar un bache”, expresó. 

En la comisión también avanzaron proyectos para declarar Capital Nacional de la piedra “Rosa del Inca” -Rodocrosita- al departamento Andagalá de la provincia de Catamarca; el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos; y el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y la reforma.