Fue presentado por la diputada jujeña Carolina Moisés. “Buscamos hacer una nueva contribución a 40 años de democracia”, expresó la oficialista.
Tras la opinión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que se necesita una ley contra el negacionismo, la diputada nacional Carolina Moisés (FdT) presentó un proyecto en este sentido, que se suma a otro similar que en marzo pasado también presentó un diputado por el oficialismo, el cordobés Eduardo Fernández.
La iniciativa impulsada por la precandidata a senadora nacional, dentro de la interna de Unión por la Patria en Jujuy, propone sancionar penalmente el negacionismo y/o la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad.
El proyecto “incluye además de la represión por el Código Penal, una capacitación para funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa”, explicó Moisés.
“Buscamos dejar una contribución en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, reivindicando el rol del Estado que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica”, expresó la legisladora.
Moisés ingresó el texto en sintonía con los reclamos de esta legislación pendiente realizados por CFK y el ministro de Economía y precandidato a presidente de UP, Sergio Massa, en el acto por la recuperación del avión de los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura, y en el que también habló Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor.
La iniciativa busca sumar el capítulo “Atentados al orden constitucional y a la vida democrática” en el Libro X del Código Penal. Dispone sumar un tipo penal agravado dirigido contra los funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad, o integrantes de las FF.AA. que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad cometidos específicamente por el terrorismo de Estado en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983.
“El negacionismo es la tergiversación deliberada de nuestro pasado rechazando las evidencias. Se trata de negar los planes sistemáticos de exterminio, la represión clandestina y la negación de justicia”, definió la diputada, para luego aclarar que “la reivindicación de los crímenes cometidos por la dictadura argentina por parte de funcionarios del Estado deben tener un tratamiento diferenciado respecto a la apología de otros crímenes de lesa humanidad, porque son un atentado directo contra el orden democrático de nuestra República y ponen el riesgo las instituciones constitucionales”.
Además, el proyecto dedica un apartado para establecer capacitación en la temática de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Dicha instrucción será obligatoria para las máximas autoridades de los tres poderes y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
También para los que sean sancionados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; y quienes incurrieren en el delito de negacionismo y/o apología de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos éstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere.
“En los últimos meses los argentinos asistimos de manera muy lamentable a lo que parece ser una revisión o interpretación de los sucesos ocurridos en el período dictatorial en un sentido diametralmente opuesto a lo dictaminado por la Justicia argentina”, resaltó la legisladora sampedreña.
Y completó: “Por eso es necesario y urgente este proyecto. Creemos que nuestro Estado debe velar por la verdad histórica. Y que los agentes públicos deben estar formados en la defensa de los valores democráticos y en la preservación de la verdad. Y que esa verdad debe ser la que se basa en hechos y testimonios”.
