La Comisión de Juicio Político se reúne para tratar la causal “coparticipación”
A la reunión que se lleva a cabo en el Anexo de la Cámara de Diputados asisten dos testigos. Este jueves se había citado al juez Maqueda, quien no vendrá.

Luego de tres semanas, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su actividad este jueves, en una reunión que se realiza desde las 11.31 y en la que se comenzará con el tratamiento en particular de la causal “coparticipación”, en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. El encuentro comenzó pasada la media hora de la convocatoria con un tercio de los presentes.
Los testigos citados para la jornada son Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico del máximo tribunal.
Para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda podía optar por venir o enviar un informe por escrito. Pero no solo no asistió, sino que tampoco envió un documento con un descargo, informó al comienzo de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.
La comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse bajo ese cronograma.
El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.
Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.