La reunión se realizará desde las 13 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Será el segundo encuentro para analizar la causal “coparticipación”.
Un total de siete testigos fueron citados para este martes, a las 13, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde la semana pasada se comenzó a indagar sobre la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El encuentro será el último que se realice antes del receso invernal, ya que las audiencias se retomarán el próximo 1ro. de agosto, informó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.
La lista de testigos, de los cuales no se descarta que alguno pueda ser reprogramado, incluye a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias. Precisamente, por ese cargo que tuvo dentro del Ministerio del Interior es que fue convocada.
Además, en representación de provincias que alzaron la voz cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa coparticipación, estarán: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.
El listado se completa con Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema.
Precisamente Astarloa adelantó que no puede concurrir este martes, según pudo saber parlamentario.com. El resto de los convocados están confirmados.
En el último encuentro, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.
