Los expositores de las provincias apuntaron directamente contra la Corte Suprema por no responder a las presentaciones. En el final, Gaillard confirmó a a Robles y D’Allesandro como próximos testigos.
En el segundo encuentro para analizar la causal “coparticipación” se escucharon nuevos testimonios y nuevamente todos los focos apuntaron hacia la figura de Silvio Robles.
Por la proliferación de otras reuniones en ambas cámaras, la 18° reunión de la Comisión de Juicio Político tuvo la particularidad de no ser protagonista excluyente de la actividad del Congreso. Y eso se notó también en ausencias importantes que se dieron en el transcurso del encuentro, por tener que cumplir algunos legisladores con su presencia en otras comisiones.
Tal cual lo previsto, se avanzó con la causa “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en la que fue la última audiencia antes del receso invernal, pues la actividad de esta comisión se retomará el 1 de agosto.
Como es habitual, la reunión arrancó con un pedido de ampliación de pruebas formulado por el diputado Rodolfo Tailhade, quien solicitó el testimonio de Alejandro Otero, actualmente funcionario de la AFIP y que fue el funcionario del Gobierno que expuso en el Senado, en oportunidad del tratamiento de lo que luego sería la Ley 27.606, que estableció el monto que se le asignaría a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación. Para Tailhade, “es muy interesante el análisis o el estudio que llevó adelante Otero, porque va a dar cuenta de los porcentajes de los que habla la ley”.
También pidió el legislador camporista que como prueba documental se librara oficial al Poder Ejecutivo para que remitiera a la comisión copia certificada del expediente de Jefatura de Gabinete 1831/2016, que es el antecedente del decreto 1914/16; asimismo el expediente que antecede el decreto 399/16, y los expedientes correspondientes a los decretos 257/18 y 735/2020.
Por último, Tailhade solicitó pedirle a la Corte Suprema librar oficio sobre la circulación entre dependencias, secretarías y vocalías de las causas en cuestión. Pidió también conocer la información pertinente de la vocalía que intervino en la redacción de la medida cautelar y, entre otras, cosas, el orden de los votos de los magistrados, como así también indicar si desde la presidencia de la Corte se había realizado algún peritaje o informe técnico que avalara el guarismo del fallo cautelar.
Previsiblemente, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) aclaró que “esta es una causa en trámite, incluso el Poder Ejecutivo se sigue defendiendo con recursos, que si bien no son correctos, todavía están pendientes de resolución”. Así las cosas, advirtió que “no podemos confundir el expediente con esta comisión, y no podemos hostigar a la Corte en una causa que todavía tiene que resolver”. Por eso estimó que ninguna de esas medidas era “procedente” y, obviamente, no acompañarían esos pedidos, que de todas formas fueron aprobados por la mayoría de los miembros de la comisión que forman los legisladores del FdT.
Antes de votar, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que los expedientes solicitados tienen que ver con la búsqueda de determinar los actos resueltos por las partes. Respecto de Alejandro Rodríguez, al principio del juicio contó que el proyecto de la cautelar no había pasado por la Secretaría de Juicios Originarios, razón por la cual había sido citado.
De los testigos convocados, estuvieron la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias, quien por ese cargo tuvo dentro del Ministerio del Interior fue parte de las audiencias con la Corte en la previa del fallo. También expusieron los fiscales de Estado de las provincias, quienes apoyaron el pedido de enjuiciamiento de los miembros de la Corte: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.
El testigo que no asistió y pidió ser reprogramado fue Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires.
La primera testigo de la jornada fue la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien concurrió en función del rol que tuvo como secretaria de las Provincias del Ministerio del Interior, entre el 10 de diciembre de 2019 al 3 de julio de 2022. Recordó que entre las áreas que manejaba se encontraba la que hace a las relaciones fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias.
Al responder preguntas del diputado Marcelo Casaretto (FdT), la funcionaria mencionó que “la Ley de Coparticipación es del año 88, y la Ciudad reconoce su autonomía en el año 94, cuando también la Constitución le da carácter constitucional al régimen de coparticipación”.
Sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri, la economista apuntó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.
“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de esos tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, señaló y subrayó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.
Un pasaje polémico se dio cuando el diputado Leopoldo Moreau, quien consultó a la testigo sobre la presencia de Silvio Robles en la audiencia convocada por la Corte de la que participaron representantes del Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad. Batakis ubicó dónde se encontraba sentado Robles, quien no figuraba en el acta redactada sobre la reunión. “El hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice, que puede haber motivado algún chiste, tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”, sostuvo Leopoldo Moreau. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.
Moreau planteó que “estamos cuestionando este fallo cautelar porque tenemos la sospecha más que fundada de que ha sido negociado y traficado por este fantasma que no aparece en el acta y parece actuar como quinto cortesano”.
Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta.
El primero en exponer de parte de las provincias fue Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero, quien dio expresó que su provincia se manifestó contra el aumento de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto “se trataba de una causa donde estaba directa o indirectamente comprometida la coparticipación federal y todas las provincias que tienen interés en el mismo, solicitábamos ser escuchados”.
Respecto del fallo, estimó que “no es fruto de estudios técnicos que determinen si ese porcentaje es justo”.
“El fallo en sí es un adelanto de opinión respecto de la causa principal, puesto que se establece una verosimilitud de derechos que es señalada por la Corte, pero no es argumentada, y un fallo cautelar de este tipo contra una ley, indudablemente está marcando un rumbo que seguramente para los que entienden del derecho la Corte no se va a poder apartar de este rumbo”, sintetizó.
En línea con lo que después expondrían sus colegas, el funcionario provincial cuestionó que no les hubiera dado participación a las provincias para ser escuchadas como amicus curiae.
¿En ningún caso obtuvo respuesta?, le preguntó Germán Martínez respecto de su pedido de ser reconocidos como amicus curiae. “No es que no hemos tenido respuesta, no ha tenido entrada: quedó en canastilla el pedido, por lo menos el de la provincia de Santiago del Estero”, respondió.
Esa situación llevó a la oposición a exponer sus reparos por cuanto “el mismo testigo reconoció que él no es parte, por lo cual por sus propios sentidos no sabe nada, sino que viene acá a hablar porque conoce de la materia, y porque intentó ser amigo del tribunal”, según señaló Juan Manuel López.
Para terminar su intervención, Abate respondió que “el silencio de la Corte es un desprecio a las provincias”, y le mandó un mensaje directo a todos los diputados de la oposición con cierta ironía: “Gracias a todos por su silencio”.
El Doctor Pedro Oscar Goyochea es el Asesor General de Gobierno de la provincia de La Rioja, y luego de ser presentado formalmente por la presidenta de la comisión Gaillard, expuso que “por pedido del gobernador riojando (Ricardo) Quintela se presentó ante la Corte Suprema en julio y en diciembre del 2022 para rever la Acordada”.
“La presentación en estas dos instancias fue argumentada por naturaleza histórica y de carácter jurisprudencial. Hemos advertido que la Corte Suprema a partir del 2017 adoptó un nuevo estándar referido a las presentaciones de CABA para tener participación en causas originarias”, expresó.
Además, Goyochea añadió que “CABA logró esta situación de privilegio para participar en estas instancias judiciales”. “Se termina beneficiando con las partidas de coparticipación y a partir de esto, La Rioja solicita el amicus curiae”, señaló.
Ante la pregunta del diputado Rodolfo Tailhade respecto a la composición del 2,95 por ciento de coparticipación a CABA, el riojano contestó que “no aparece en la cautelar ningún calculo que justifique ese número”. “La Rioja tiene en la Constitución provincial dos órganos que tienen las facultades de suscribir este tipo de demandas, pero en ninguna de las dos ha proveído dicha solicitud por parte de la Corte Suprema”.
Consultado por el Pacto Fiscal 2020, Goyochea aclaró que “debe ser homologado en la Legislatura porque la estructura que presenta permite visualizar los acuerdos vinculados con la coparticipación y esto permite visibilidad sobre los fondos de coparticipación”.
Por último, el oficialista Tailhade le preguntó sobre la filtración de conversaciones entre Silvio Robles, asesor de la Corte Suprema, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño, a lo que respondió: “Se erradicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Federal y hay elementos de pruebas y suficientes para realizar una investigación”.
No obstante, Goyochea afirmó que la denuncia realizada “fue enviada hacia los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y cayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti”. En esta instancia, Tailhade aprovechó para ironizar en contra de la magistrada, quien está a cargo de la investigación por el intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El anteúltimo expositor fue el doctor Marcos Denett (fiscal de Estado de la provincia de Catamarca), quien fue presentado por el diputado riojano Ricardo Herrera (FdT). “La provincia de Catamarca se presentó para ejercer las facultades instaurados a través de la Acordada de la Corte como amigo del tribunal”, explicó el fiscal.
“El objetivo fundamental fue enriquecer el debate constitucional porque es el el debate realmente nos interesaba. Referenciamos que la coparticipación federal de impuestos y explicamos que la Corte del 2016 al 2020, tuvo desfasajes en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, afirmó.
En esa línea, el catamarqueño agregó que “todo el arco federal planteó su disconformidad”. “Pedirle a la Corte que aplicará la ley como corresponde nos parecía una situación de vergüenza ajena porque excedía el marco conceptual, pero debíamos manifestarlo”.
Además, expresó: “CABA tiene beneficios injustificados porque tienen tarifas diferenciadas y jamás la Corte determinó nuestra presentación”, y aseveró que “la Corte vulneró el régimen constitucional de las garantías del debido proceso, se violentaron normas y se violentó el federalismo”.
“El silencio fue la respuesta de las dos presentaciones que realizamos y nosotros le dijimos a la Corte que CABA intenta tergiversar maliciosamente en su favor”, indicó Denett. Del mismo modo, se mostró consternado y agregó que “venimos trabajando fuertemente por muchos años de postergación”
Denett relató que “vemos los edificios iluminados y vacíos de gente en CABA y a nosotros nos duele tener un foco prendido en el interior”. “Hay una diferencia estructural de desigualdad que ningún gobierno pudo modificar. Esto es lo que lo queremos explicarle a la Corte Suprema”, enfatizó.
“La Corte desbarró con esta sentencia porque sus fundamentos no tienen respaldo en la legislación vigente y este fallo me ha generado desazón como abogado”, finalizó el fiscal estatal de la provincia de Catamarca.
Finalmente, el fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Fernando Tanarro, respondió las preguntas que le la diputada entrerriana Blanca Osuna y expresó que “el mecanismo de coparticipación que impuso la Corte incidía directamente en las finanzas y economía de las provincias”.
“Nosotros queríamos con estas presentaciones, argumentar la importancia de que se mantuviera la ley vigente. Fuimos los primeros en hacerla, pero la Corte no la aceptó por mesa de entrada aun, y nuestros pedidos siguen sin ser respondidos por parte de la Corte”, manifestó.
A su vez, expresó que “la Corte se extralimita en sus funciones, y establece un porcentaje infundado para nosotros del 2,95 por ciento”, y contestó sobre los decretos 194/16 y 257/18 que definieron índices de coparticipación: “Nosotros entendemos que el 194 carece de fundamentos y no fue acordado con la transferencia de seguridad a CABA, y el 257 fue producto del consenso fiscal del 2017, reduce la cifra. Entendíamos nosotros que el 735 venia a solucionar fallas de estos decretos”.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Juicio Político dio por finalizada la reunión y anunció que la próxima será el martes primero de agosto con las citaciones a Silvio Robles (asesor del presidente de la Corte Rosatti), Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño) y al doctor Alejandro Rodríguez.
