Tras las PASO, los jefes de bloques mantuvieron conversaciones y buscan reunir los 129 que habilitarían el quórum. Sin embargo, todavía no saben si tendrán los votos para aprobar el dictamen de minoría. Pero sí quieren dejar expuesto una vez más al oficialismo.
Mientras de a poco baja la espuma de las elecciones PASO, marcadas por la sorpresa del primer lugar que alcanzó Javier Milei, este miércoles los jefes de Juntos por el Cambio y de algunos bloques provinciales mantuvieron conversaciones sobre la convocatoria a sesionar el próximo miércoles 23 en la Cámara de Diputados por la Ley de Alquileres.
En el encuentro, realizado por Zoom, se definió que sostendrán la convocatoria realizada el pasado 5 de julio y volverán a contactarse para evaluar si consiguen o no el número para dar por abierta la reunión, es decir, si pueden alcanzar el quórum con 129 presentes.
Con los mayores esfuerzos, logrando que todos sus integrantes estén sentados en el recinto, Juntos por el Cambio suma 117, el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas, 4. Total: 129.
Pero por fuera también están los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de los tres liberales Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Milei fue uno de los presidentes de bloque que firmó el pedido de citación.
Se estima que al igual que el Frente de Todos, el Frente de Izquierda no dé quórum.
Fuentes legislativas de la oposición consultadas por parlamentario.com reconocieron que “todavía falta” asegurar que tendrán el número para el quórum, pero “la idea es no sólo tener 129 sino que esos 129 rechacen el dictamen de mayoría que es del kirchnerismo. Este es el gran primer objetivo”.
No obstante, por ahora, la oposición tampoco tiene garantizado poder aprobar su dictamen de minoría, ya que persisten las dudas de algunos respecto del artículo 6 de ese texto, donde quedó fijado que “se podrán realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y doce 12 meses”.
Ese fue uno de los puntos que, hace ya más de un año atrás, hizo caer con fuerza la posibilidad de avanzar en el recinto porque, tras la discusión en comisiones, hubo diputados de bloques federales que no quedaron conformes con esa redacción. Para un grupo de legisladores ese plazo de tres meses es muy poco, pero los que pujan fuerte para que se mantenga ese tiempo como piso son los representantes del Pro.
En caso de que los bloques no lleguen a un acuerdo para poder aprobar el dictamen de minoría, y si es que primero logran rechazar el del Frente de Todos, buscarán que -otra vez- se pongan en consideración los proyectos que directamente proponen derogar la Ley 27.551. Una idea que fue sumando adeptos.
Eso fue lo que sucedió el 5 de julio, antes de que se decidiera presentar un pedido de sesión. En esa oportunidad fue solicitado por el macrista Hernán Lombardi y resultó rechazado, porque, al tratarse de una iniciativa sin dictamen, requiere de los dos tercios.
En la solicitud de sesión se aclaró que sería con el objeto de tratar “los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la Ley de Alquileres”.
Desde Juntos por el Cambio revelaron a parlamentario.com que la idea de dejar expuesto una vez más al Frente de Todos, votando en contra de la derogación, es lo que “más seduce” a algunos referentes, entre ellos a Patricia Bullrich, quien se consagró en la interna del Pro. No es extraño, pues el “ala dura” de los amarillos está por la derogación hace tiempo.
Los dos dictámenes
El dictamen del Frente de Todos (mayoría) revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
