Se trabaja en un temario de proyectos que han recibido dictamen en los últimos días. Todos cuentan con algún grado de consenso que amerite su aprobación, aunque no exentos de polémica en ciertos casos.
Año electoral y en consecuencia de menor actividad legislativa como es de uso y (mala) costumbre, las autoridades de la Cámara baja se propusieron este 2023 hacer por lo menos una sesión por mes. Y lo han conseguido, salvo en el mes de mayo, lo cual les ha garantizado números equitativos con otros períodos.
Incluso en el mes de agosto, cuando se hicieron las elecciones primarias. Más allá de que en ese caso la media buscada por el oficialismo se consiguió a partir de una iniciativa de la oposición, que fue la de llevar finalmente al recinto el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres.
Ahora se trabaja en una sesión para septiembre, que tiene en cuenta el cronograma electoral provincial del mes de la primavera, que tiene nada menos que tres elecciones. Un cronograma que arrancará el domingo próximo, 10 de septiembre, en Santa Fe, donde hubo elecciones primarias el 16 de julio pasado, que tuvieron en el radical Maxi Pullaro un claro ganador. El domingo siguiente (17/09) serán las elecciones del Chaco, donde el 18 de junio hubo una interna en la que cayó el oficialismo; y el 24 se hará las elecciones mendocinas.
La semana entre las elecciones de Santa Fe y el Chaco es la elegida para abrir el recinto de la Cámara baja y el miércoles 13 es la fecha estimada entonces para hacerlo. Para ese día se trabaja para consensuar una serie de proyectos para llevar al recinto. Eso no implica que todos estén avalados por el oficialismo y la oposición, pero alcanzará con que el Frente de Todos tenga garantizados los votos para aprobar cada uno de ellos.
La mayoría de los proyectos han conseguido dictamen recientemente, como el tema universidades. Allí el oficialismo intentó sin éxito en el mes de diciembre pasado llevar al recinto la aprobación de ocho casas de altos estudios, pero ya se sabe que ese mes estuvo atravesado por una situación muy tensa entre el oficialismo y la oposición, al punto tal que la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, ni siquiera pudo ser confirmada por una sesión preparatoria que quedó sin quórum y no pudo ser reflotada nunca. Después hubo una sesión concluida de manera caótica y otra que no consiguió quórum.
Ahora volverán seguramente con el tema, luego de haber logrado el martes pasado reflotar los dictámenes de tres de esas universidades que habían perdido estado parlamentario. Estamos hablando de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, un proyecto del kirchnerista Hugo Yasky; otro de María Rosa Martínez, el que crea la Universidad de Cuenca del Salado, que funcionará en Cañuelas; y la de Saladillo, del diputado Emiliano Yacobitti, una de las dos que promueven desde la oposición.
A esas casas universitarias se sumarán entonces otras cinco universidades: las del Delta, Pilar, Ezeiza (ya funciona como provincial, y lo que se propone ahora es su nacionalización la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz (con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y la de Río Tercero, la otra universidad impulsada desde Evolución Radical.
Hay resistencias de parte de un sector de Juntos por el Cambio, fundamentalmente el Pro, pero la anuencia de Evolución Radical y parte de la UCR, más la de la izquierda y los bloques del medio garantizan que esta vez sí estas universidades puedan avanzar hacia la media sanción.
Otro tema que el oficialismo se propone llevar al recinto es el proyecto de exteriorización de blanqueo de capitales, que obtuvo dictamen también el martes 29 de agosto, luego de que se hubieran presentado el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director general de Aduanas, Guillermo Michel. Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país.
Quienes se acojan al régimen tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5% y 20%, y será mayor en caso de que los bienes declarados no se repatrien. En el texto final se eliminó el capítulo referido a la figura del colaborador. Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo y tienen un dictamen de minoría en ese sentido, por lo que el oficialismo trabaja para contar con el apoyo de otras bancadas que permitan garantizar la aprobación de un proyecto que el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, considera indispensable.
No será ese el único tema que encenderá la polémica en el recinto. Quizá el que mayor fervor genere en la discusión que vaya a darse sea el proyecto que busca proteger a la empresa Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización y garantizar que en el futuro siga siendo una empresa pública. Será a partir de una modificación de la Ley de Transporte Aerocomercial (26.466), un proyecto impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner y la principal modificación que propone es la incorporación de un párrafo al artículo 1 de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
Juntos por el Cambio rechaza esta iniciativa y ya lo hizo saber en el debate en comisión, cuando se retiró en discrepancia con un debate que consideró intempestivo. Para la diputada de Evolución Carla Carrizo, “con el tratamiento de este proyecto se rompen las prácticas, ya que, mínimo, debe debatirse en tres comisiones. ¿Cómo puede ser que haya un ‘no debate’?”, se preguntó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, molesta porque el proyecto solo pasara por Presupuesto y Hacienda.
“Vienen a proponer que cualquier gobierno futuro no pueda debatir sobre cómo gestionar empresas públicas”, se quejó por su parte el diputado del Pro Pablo Tonelli, para quien “la conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”. Y agregó, en relación al hecho de que el proyecto de Máximo Kirchner establezca que una eventual privatización esté avalada por los dos tercios de ambas cámaras: “Solo la Constitución nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga a la ley anterior”.
Como sea, el rechazo de JxC no sería suficiente para frenar esta media sanción que contaría con el apoyo del oficialismo, la izquierda, los diputados de Provincias Unidas, los gobernadores electos Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y al menos los socialistas del interbloque Federal.
En momentos en que a través del candidato libertario se ha puesto en la mira no solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también el mismísimo Conicet, se avanzará finalmente con la aprobación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Para eso, se proponen avanzar este martes con el dictamen en la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el radical Facundo Manes.
El tema ya fue debatido en dos reuniones informativas que contaron con la presencia del ministro Daniel Filmus, el 21 de marzo y el 1 de junio. Si se aprueba, será ley, pues ya cuenta con media sanción del Senado desde el 27 de octubre de 2022.
El proyecto establece un plan que presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional. Proyecta una inversión del 0,85% del PBI en 2025 (en 2020 fue del 0,52%) y del 1,70% en 2030, y desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico.
El pasado 22 de agosto, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió dictamen. Al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, serán tres los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento. El de mayoría es del oficialismo, uno de JxC y un tercero de los socialistas.
Hubo cuatro reuniones para analizar un total de 55 proyectos puestos a consideración. La primera fue el 16 de mayo, cuando expusieron los autores de los 47 proyectos que originalmente comenzaron a discutirse. El segundo encuentro se realizó el 4 de julio, para escuchar a representantes de sectores como las centrales sindicales, representantes de la Unión Industrial Argentina y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop. La última reunión informativa fue el pasado 2 de agosto, cuando asistieron referentes gremiales y expertas.
El proyecto en cuestión fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.
Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la administración pública nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.
Entre los principales cambios, otorga (en el caso del dictamen de mayoría) 126 días de licencia a personas gestantes (45 días previos y 81 posteriores al nacimiento), amplía la licencia de no gestantes de 2 a 45 días y crea una licencia de 90 días para personas adoptantes.
El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes.
Entre aquellos proyectos que cuentan con dictamen alcanzado hace más tiempo tenemos el proyecto sobre seguridad del paciente, también conocido como “Ley Nicolás”.
Esta iniciativa se basa en el caso de Nicolás Deanna, fallecido en noviembre de 2017 por una meningitis bacteriana, cuando había sido diagnosticado por contractura en la base del cráneo. Dado de alta tras recetársele dos analgésicos, volvió a ser internado con suero y sin medicación. Confundieron su último síntoma con una alergia, cuenta su madre Gabriela Covelli, que es quien ha motivado esta iniciativa que fue dictaminada el 7 de junio en la Comisión de Legislación General, en base a proyectos de Fabio Quetglas y Mónica Macha.
El proyecto tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
Para esta posible sesión del 13 de septiembre podrían estar disponibles algunas de las iniciativas que tratarán de dictaminar este miércoles en la Comisión de Discapacidad, como la capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentinas.
También están pendientes temas un poco más añejos, como el régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales, y el de trazabilidad de la pesca y la acuicultura.
