Los miembros del Colectivo Hipotecados UVA manifestaron ser “víctimas de una estafa nefasta” y responsabilizaron a los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, y a las grandes corporaciones. La reunión continúa este jueves con autoridades bancarias.
Como se había acordado en la primera reunión, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ricardo Guerra (FNyP) recibió este miércoles a expositores para ampliar el proyecto de ley que pretende solucionar a la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.
En esta primera ronda de expositores, la Cámara alta recibió a un grupo de damnificados: Claudia Pilo, Leonardo Miranda, Paola Gutiérrez (integrantes del Colectivo Hipotecados UVA), Mara Eddine , Cristian Rubio, Luz D’Angelo, Mariela González y José Bernardo Díaz (abogados y damnificados).
Para este jueves 7 de septiembre a las 14, están convocados Mariano Beltrani, subgerente General de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia y Marcelo Mazzón, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA).
Los miembros del Colectivo Hipotecados UVA expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para relatar “las dificultades personales” de cada damnificado. Por otro lado, los abogados que representaron a la agrupación en cuestión plantearon una serie de modificaciones al proyecto de ley que establece la creación del “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios” y que tiene media sanción de la Cámara baja.
En primer lugar, Claudia Pilo expresó que “el expresidente Mauricio Macri lanzó estos créditos y alentó a las familias a embarcarse en esta nefasta estafa a 30 años”. Además, consideró que el Banco Central de la República Argentina “promocionaba esta estafa”.
Tras recordar el spot publicitario de la promoción de los créditos UVA en 2018, Pilo añadió que “la situación empezó en 2018 y se agravó en la pandemia. Aumentó un 1400 por ciento”. “La inflación se acumula en las cuotas y al capital que debemos y esto detonó la relación cuota – ingreso”, señaló.
“Esto es un verdadero saqueo financiero porque hemos sumado horas de trabajo, restado calidad de vida y a duras penas hemos pagado cuotas, y nuestra deuda se agiganta mes a mes”, relató la expositora quien agregó: “Contenemos a damnificados con problemas de salud por la preocupación y a quienes no pueden pagar y somos acosados por los bancos”.
Con relación al proyecto, manifestó que “la media sanción de Diputados no oyó nuestras sugerencias respecto a que no incluye a todo el universo hipotecado y solo se centra en el pago de las cuotas”. “Los beneficios son siempre para el sistema financiero”, aseveró.
Por otro lado, advirtió que “no planteamos no pagar o que pague el Estado como hemos escuchado de quienes pretenden deslegitimar nuestro reclamo. Solo proponemos que los bancos ganen un poco menos porque la perversa política la pagamos los damnificados”. “Podemos perder nuestras casas mientras los bancos siguen teniendo ganancias escandalosas”, afirmó Claudia Pilo.
En segundo lugar, Mara Amín Eddine relató que “viajé 160 kilómetros y vienen conmigo las familias de Chivilcoy”, y añadió entre lágrimas: “Confíe en el gobierno de ese momento porque hablaban de estabilidad y freno a la inflación y después le creí al actual gobierno (presidencia de Alberto Fernández) que se sacaba fotos con el cartel ‘usura uva’, pero hace 5 años que no duermo bien”.
“Me faltan 25 años de ese crédito, saqué 2.900.000 pesos y mi deuda llega a casi 40 millones y fue para comprar mi casa, no para hacer un negocio”, enfatizó. Del mismo modo, sostuvo que “las cuotas iniciaron en 17.000 (2018) y el lunes próximo serán de 250.000 pesos”.
Asimismo, agregó: “Hacemos malabares para pagar las cuotas y somos personas que no duermen por miedo a que nos quiten o rematen las casa porque primero pagamos la cuota, después planificamos el mes”. “No queremos que nos regalen la casa, queremos poder pagarla con dignidad”, remarcó Eddine.
En el final, relató la triste historia de un integrante de la asociación Hipotecados UVA que fue diagnosticado con cáncer. “Estamos dejando la vida en este crédito”, cerró la mujer.
A su turno, Paola Gutiérrez leyó una carta sobre la historia de María Isabel Batalla de Rio Grande en Tierra del Fuego: “Salí sorteada para obtener mi departamento del Pro.Cre.Ar que era financiado a criterio UVA y era de 1.500.000. Hoy tengo una deuda de 11 millones y medio”.
“Soy empleada de limpieza y mi esposo cobra una jubilación mínima. Les pido que revean este crédito y piensen en la gente que piensa en el sueño de la casa propia”, finalizó la carta.
El primer abogado en exponer fue el doctor Cristian Rubio quien, en representación de las familias de Tierra del Fuego, explicó: “Entendemos que el sistema UVA desnaturalizó las prestaciones y desde 1991 – con la Ley de Convertibilidad- tenemos una prohibición de indemnizar deudas”.
Del mismo modo, amplió: “Con la llamada pesificación asimétrica, posterior al fin de la convertibilidad, se dicta un DNU que dio la posibilidad de indexar deudas y aplicar dos índices”, y agregó: “Las entidades bancarias están autorizadas a cobrar deudas y el sistema UVA generó una doble imposición”.
“La cuota está sujeta a dos imposiciones (intereses). La Unidad por Metro Cuadrado y el Coeficiente de Estabilización de Referencia”, afirmó Rubio. “Los bancos convirtieron una deuda de dinero en una deuda de valor, pero la gente no recibió dólares ni viviendas, recibió pesos”.
En tal sentido, definió que “la actualización pasa por dos índices de actualización, el de UVA y el sistema de indexación”. “Esto cuestionamos judicialmente porque hay un viraje regresivo en materia legislativa y están involucrados derechos constitucionales reconocidos”.
Al término de la exposición, el titular de Presupuesto y Hacienda, el senador Guerra pidió solicitudes de créditos para ser estudiadas por la doble actualización de precios.
Luego, el abogado José Bernardo Díaz, representante de familias de Misiones, agregó que “entraron en perjuicio los derechos a la vivienda y el derecho al consumidor”, y amplió que “todo nexo requiere equilibrio del consumidor frente a los prestadores de servicio”.
A su vez, aseveró que “en el banco nadie explicó nada, pero te hacían firmar formularios y formularios, nadie nos sentó y nos dio una charla previa y el propio Estado incentivó a tomar el crédito”.
“En esta crisis, el lomo lo ponen los deudores, por eso pido que espetemos la Constitución Nacional y el plexo normativo que nos ampara porque tenemos sustento jurídico para obtener soluciones y exigimos principio de igualdad ante la ley, ya que los deudores de Pro.Cre.Ar tienen mejores tratamientos que deudores UVA”, señaló.
A su turno, la abogada mendocina Luz D’Angelo propuso que la RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) “sea retroactiva hacia agosto del 2019”. “Instó a esta modificación por razones de equidad para no beneficiar a una parte en perjuicio de otra”, destacó.
“Una damnificada pidió 680.000 pesos y equivalían a 26.000 UVAs, pagó 58 cuotas y ya alcanzó 13.000 UVAs, pero sigue debiendo más del total inicial, y el banco ganó más de 12.000 uvas”, relató. Del mismo modo, añadió que “el banco ya adquirió más de 4.000.000 de pesos en ganancias”, con esa sola clienta.
Luz D’Angelo propuso que la RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) “sea retroactiva hacia agosto del 2019”.
También, Mariela González, al igual que Rubio, explicó el aumento de la deuda y a través de la presentación de diapositivas, afirmó que “aumenta a razón de un millón de pesos por mes los créditos tomados en los bancos Galicia, Supervielle y Provincia”.
En esa línea, aseveró que las entidades “no informaron sobre las UVAs al momento de contratar”. Al igual que otros expositores, remarcó que “este crédito era para las compras de viviendas, no para obtener ganancias”, y añadió: “Recomiendo establecer un retroactivo para agosto de 2019”.
Finalmente, otro damnificado, Leonardo Miranda, consideró que “no es agradable venir a desnudar necesidades” porque “no hicimos negocio, y con esfuerzo buscamos que nuestras familias tengan techo y lugar para vivir”, indicó.
Además, relató que “hemos modificado aspectos de nuestra vida como dejar de salir, cambio de escuela y actividad deportiva”, y cerró: “La deuda inicial era de 40 sueldos, ahora es de 100 sueldos y en un año, si esto sigue así será de 150 sueldos”. “Que paguen los responsables de la inflación, que son las grandes corporaciones”, concluyó.
Concluidas las exposiciones, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, comunicó que el debate pasa a un cuarto intermedio y continuará este jueves a las 14.00 con funcionarios bancarios.
El proyecto que propone la creación del “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios” llegó al Senado con media sanción de la Cámara de Diputados, y establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.
Del mismo modo, la iniciativa anticipa que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al primero de enero de 2023.
Así las cosas, quedará establecido que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.
Se prevé que en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.
Este Fondo se llamará “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” y buscará cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.
El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.
El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.
La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.
Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.
