El proyecto fue aprobado en diciembre de 2021 y si no lo llevan al recinto perderá estado parlamentario a fin de año. Será tratado en una reunión conjunta este martes.
Un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales de Diputados, a cargo de Roxana Reyes y Jorge Vara respectivamente, se reunirá para debatir sobre un proyecto que busca prevenir el abuso sexual infantil.
El encuentro está agendado para este martes a las 12 en el 2° piso del Anexo “C” de la Cámara baja. Si le dan dictamen, deberá después pasar por Presupuesto y Hacienda.
El jueves pasado, la directora Ejecutiva de la Red por la Infancia, Paula Wachter, brindó un informe ante la Bicameral del Niño sobre los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia y enfatizó que “400 millones de niñas, niños y adolescentes son potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual a nivel mundial”.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de diciembre de 2021 y apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.
Impulsada por la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR), el texto establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.
En ese sentido, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los requisitos mínimos de los protocolos; determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
También, brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control; y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.
Además, se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.
