Las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s de la Cámara de Diputados avanzaron con una iniciativa que tiene media sanción del Senado.
Tras una convocatoria frustrada la semana pasada, un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con un proyecto de ley que establece la implementación de protocolos contra el abuso sexual infantil en todos los ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde diciembre de 2021, por lo cual si no se sanciona definitivamente antes del recambio legislativo de este año, perderá estado parlamentario.
Además de que le resta pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, según acordaron oficialismo y oposición, el proyecto será devuelto a la Cámara alta con modificaciones en su redacción y la incorporación de un artículo invitando a las provincias a adherir a la norma.
La radical Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, celebró que se haya podido “consensuar una modificación fundamental, que prevé que sea una ley por adhesión de las provincias y de esta manera garantizar su implementación”.
Luego que la oficialista Hilda Aguirre abogara por que “podamos seguir trabajando para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que “es un avance que podamos llegar a este dictamen de consenso y lograr que este proyecto sea ley”.
“Esperamos que no se pierda mucho más tiempo. Espero que no haya ninguna excusa para poder avanzar”, dijo y lamentó que “vemos constantemente instituciones deportivas, religiosas o de cualquier índole donde hay casos de abusos y acosos a nuestros chicos y adolescentes, y eso no se puede permitir”.
Por su parte, el radical Jorge Vara puso el foco en que “no es lo mismo la canchita de básquet del barrio que las grandes instituciones”, al referirse al control y la responsabilidad de las autoridades que debe tenerse en cuenta. “Esto es un paso, pero el problema es mucho más grave. Esta es una normativa complementaria, una pequeña base de una política pública bien definida que debe haber para abordar la cuestión”, apuntó.
En tanto, la oficialista Paola Vessvessian afirmó que “la adhesión de las provincias es clave” porque “en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia existen protocolos, pero al no ser vinculantes algunas provincias lo aplican y otras no. Con esto le estaríamos dando fuerza de ley a protocolos preexistentes que obligan a las autoridades de aplicación de cada una de las provincias de supervisar y monitorear”.
“Nosotros acá podemos votar mil cosas pero si luego el Estado en su responsabilidad no opera concretamente en la protección de las infancias, la situación se torna simplemente una expresión de deseo”, advirtió la diputada del FIT-PO Romina Del Plá.
Entre los oradores, la secretaria parlamentaria del interbloque Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, introdujo otra temática vinculada: “Sin dudas tener algo unificado y que la gente sepa cómo capacitarse para detectar estos casos en las instituciones es importante, pero diría que es la última milla de muchas otras cosas que hay que hacer para evitar el abuso sexual infantil, y algo que está asociado a esto que es la trata para explotación sexual infantil, que es algo de lo que no hablamos tanto y debería ocuparnos”.
En ese sentido, la legisladora propuso organizar jornadas sobre ese tema y “convocar a las fuerzas de seguridad que trabajan en frontera”, al tiempo de buscar contribuir con leyes que “vuelvan más efectiva la investigación” de este delito transnacional.
El proyecto con modificaciones
Además de incorporar un artículo para la adhesión de las provincias, el proyecto con media sanción tuvo algunas modificaciones en su redacción. De esta manera, el artículo 1ro. establece que “toda niña, niño o adolescente tiene derecho a su integridad física, sexual, psíquica, moral, por ende a no ser sometido a ninguna forma de abuso sexual o violencias”.
A los fines de contribuir y garantizar estos derechos, “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, deberá construir con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción protocolos de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.
A su vez, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los lineamientos nacionales mínimos de los protocolos; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
También, brindar asistencia técnica a las instituciones alcanzadas para adecuar los protocolos a las distintas realidades y sistemas de protección local en la que se encuentren insertas; promover un sistema de evaluación y monitoreo; y diseñar una campaña de sensibilización y difusión de los protocolos implementados.
Además se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.
