Previo a las elecciones generales, el oficialismo avanzará en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin será el próximo miércoles, a las 15. En la citación se señala que se pondrán a consideración “las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” en tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis “abuso de poder”. El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años.

También ha sido citado Adrián Walter Miretti vecino de Rafaela, de donde es oriundo precisamente Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un “asalto al Consejo de la Magistratura” comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.