Será en una sesión especial en la que se debatirá también la creación del programa “Compra Sin IVA”, el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado, la creación de tres universidades nacionales y el Plan Nacional de Ciencia 2030, entre otros temas.
En la que se anticipa como la última sesión antes de las elecciones generales, este martes a partir de las 12 la Cámara de Diputados se reunirá para tratar una decena de proyectos entre los que se destaca la modificación de la Ley de Alquileres.
Ese es el último tema que figura en el temario previsto para este martes, y si bien no se ha definido aún el orden de debate, muy probablemente sea dejado para el final, por cuanto las partes que confontarán en este tema deberán garantizarse la presencia de todos sus miembros hasta entonces, habida cuenta de que la definición será voto a voto, a ver si prevalece la propuesta original aprobada por la Cámara baja, o la modificación del Senado, promovida por el oficialismo.
La mayor atención mediática tratará de volcarla el oficialismo en el programa “Compra Sin IVA”, que en el orden de la convocatoria a la sesión figura en segundo lugar, y está claro que el interés del Frente de Todos será que se lleve la centralidad del debate, al menos en su tramo principal.
También se tratarán el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), como así también el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortiz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.
Volvamos al tema que genera la principal expectativa y que es la modificación de la Ley de Alquileres, que vuelve con cambios introducidos en el Senado. Modificaciones que fueron avaladas por el oficialismo en las comisiones que el miércoles pasados le dieron a las mismas dictamen de mayoría, y ahora los cálculos están puestos en determinar cuál de las dos propuestas prevalecerá en definitiva, para convertirse en ley.
La propuesta del Senado establece mantener el plazo vigente actualmente de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
La oposición defenderá la iniciativa que se aprobó el 23 de agosto, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada 4 meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres métodos: Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).
Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).
También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.
El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.
También avanzarán con la propuesta para declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. El proyecto necesita contar con el dictamen correspondiente, que alcanzará este martes en el marco de un plenario realizado a partir de las 15.30.
Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).
También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.
Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.
También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.
Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.
También está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.
Asimismo promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.
La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.
El plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.
Según el dictamen, se desarrollarán “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.
También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.
Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.
El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.
Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.
La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.
En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.
En cuanto a la creación de nuevas universidades, se completará este martes el cronograma de ocho que esta administración se había puesto como objetivo. Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), que propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.
También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.
Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.
En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.
Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.
La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.
El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.
La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.
En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
