A través de un proyecto de resolución, la diputada radical cordobesa Soledad Carrizo solicitó expresar el repudio al ministro de Transporte de Nación, Diego Alberto Giuliano, por sus declaraciones públicas sobre los subsidios del transporte público de pasajeros.

“Las mismas constituyen un acto intimidatorio y condicionante del libre ejercicio de derecho al sufragio en democracia”, expresó Carrizo al fundamentar su presentación.

En ocasión de una entrevista radial realizada al ministro de Transporte de la Nación, Diego Alberto Giuliano, éste se refirió públicamente a la medida anunciada oficialmente para la “renuncia voluntaria” a los subsidios al transporte, para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y que se podrá gestionar a través de la web argentina.gob.ar/SUBE.

En este sentido, la legisladora cordobesa expresó que “de las extensas declaraciones ofrecidas, se destacan por su especial gravedad las que vinculan intencionalmente esta medida con la libre decisión electoral de la ciudadanía en instancias de las próximas elecciones nacionales”, a lo que agregó, “la gravedad de estas declaraciones no sólo anida en el temor que pretende infundir, condicionando la libertad electoral de la ciudadanía, sino en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen como autoridad del gobierno nacional”.

“El contenido de estas declaraciones debe enmarcarse en un reiterado proceso intimidatorio que distintas autoridades del gobierno nacional vienen haciendo públicamente, buscando condicionar el libre ejercicio del sufragio, y debilitando el estado de derecho y la confianza en las instituciones mediante una apropiación electoral y oportunista de la gestión pública y el patrimonio del estado”, amplió.

Para la diputada radical, lejos del correcto desempeño de sus funciones, la conducta de este ministro “sólo busca deslegitimar a otros candidatos y condicionar la libre decisión electoral de la ciudadanía a través del miedo”. “Este comportamiento es una muestra más del abuso de poder y el incumplimiento de sus deberes de funcionario a través  una clara apropiación de la gestión pública para fines electorales, de una medida que se realiza sin ningún tipo de diagnóstico y/o evaluación económica y de impacto social para la población, lo cual demuestra la falta criterio e irresponsabilidad del funcionario”, argumentó la diputada nacional.

“Esta actitud no solo deshonra su función como autoridad nacional, sino que profundizan desconfianza ciudadana en las instituciones, en un contexto de grave crisis económica y social que encuentra a más del 40% de los argentinos bajo la línea de la pobreza y que la irresponsabilidad de los funcionarios de esta gestión ha provocado”, concluyó.