Fue durante una reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados. Solamente participó el oficialismo. Se buscará arribar a un único texto, que promueve la capacitación obligatoria e inhabilitación para funcionarios públicos que nieguen los crímenes de lesa humanidad.
Con fuertes críticas a Javier Milei, Victoria Villarruel y Mauricio Macri, representantes de organismos de Derechos Humanos participaron de una reunión en la Cámara de Diputados, donde reclamaron por la “urgente” sanción de una ley que castigue a los funcionarios públicos que nieguen los crímenes de lesa humanidad y genocidios.
De la segunda reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que se realizó en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, participaron solamente diputados del oficialismo.
A menos de dos semanas del balotaje, los invitados advirtieron lo que significaría, en materia de la política de memoria, verdad y justicia, un triunfo de La Libertad Avanza, al recordar las expresiones que han tenido en relación a la última dictadura cívica militar tanto Villarruel como Milei. De hecho, durante el encuentro, la candidata a vicepresidenta publicó en sus redes un mensaje en contra del debate.
Los organismos de DD.HH. defendieron el proyecto de ley que consensuaron y que recogió la diputada Carolina Gaillard. El texto propone que el INADI pase a llamarse INADIN (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo), y que sea el encargado de dictar la “capacitación de carácter obligatoria en materia de Derechos Humanos (Memoria, Verdad y Justicia) para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
Además, esa iniciativa incorpora el artículo 248 al Código Penal, de modo de establecer que “será reprimido con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o revindicare públicamente y por cualquier medio, genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”, esto es no solamente la última dictadura, sino también el Holocausto o genocidio armenio, entre otros.
Primera en hablar, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, les pidió a los diputados que “por favor urgente aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Aquí no hubo una guerra, hubo un genocidio”.
“Estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo si llegan a regir los destinos del país”, alertó. E insistió en que “más que nunca tienen que sancionar urgente esa ley, no puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de los 30 mil, porque son 30 mil; que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto conseguir”. “Les digo a esos deplorables personajes que el Nunca Más es Nunca Más”, cerró entre aplausos.
Desde la agrupación H.I.J.O.S, Carlos Pisoni expresó que este “es un día que nunca esperamos que tuviera que llegar”. “No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo, querríamos estar festejando que el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia”, sostuvo y lamentó “estar debatiendo retrocesos”.
Tras enumerar logros de los organismos de DD.HH. en estos años, como la recuperación de 137 nietos o la condena de 1.100 genocidas, también recordó el fallo 2×1 de la Corte Suprema que “dimos vuelta y fuimos millones en las calles”.
“La mejor forma de combatir al negacionismo es la educación. Al negacionismo no se lo combate con la punición, se lo combate con la prevención”, destacó y sobre el proyecto impulsado por los organismos de DD.HH. señaló que “propone un plan nacional en educación y derechos humanos que sea impartido por el INADI”, el cual deberá pasar a llamarse INADIN. También, “la formación obligatoria a todos los funcionarios públicos en materia de derechos humanos” y la tipificación en el Código Penal “al negacionismo para los funcionarios públicos que de alguna manera nieguen, relativicen, banalicen o minimicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado argentino y los genocidios”, como el Holocausto o la masacre a pueblos originarios.
“Si esta ley se hubiese aprobado antes, seguramente estaríamos discutiendo la inhabilitación en el cargo de Victoria Villarruel y Javier Milei por ser negacionistas e infiltrados de la democracia”, apuntó Pisoni.
A su turno, Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, subrayó que “hay un sector que siempre vuelve con declaraciones negacionistas y que hoy en Argentina está expresada en la derecha”. Recordó que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri “vimos con estupor como Darío Lopérfido comenzó a hablar de que no eran 30 mil” y que “la cifra había sido inventada”. Junto a los organismos y artistas, “logramos que pidiera disculpas y después renunciara”, agregó.
La activista remarcó que “no solamente niegan los hechos del terrorismo de Estado, que en nuestro país como en ningún otro país del mundo han quedado demostrados en juicios ejemplares” sino que “pretenden ser presidente y vicepresidente de la Argentina”. “¿Ustedes imaginan qué país vamos a tener con Milei de presidente y Villarruel de vicepresidenta? Realmente es inimaginable pensar tanto retroceso para nuestro país”, lanzó contra la fórmula de La Libertad Avanza.
Sobre la iniciativa, aseguró que “la sanción del negacionismo protege a los ciudadanos y a las víctimas del terrorismo de Estado, nos cuida a los familiares, y además protege a los 30 mil desaparecidos, porque no permite que se insulte su memoria”.
Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, advirtió que “los discursos negacionistas conducen inevitablemente a un genocidio, y no lo afirmamos porque sí, lo afirma Auschwitz, lo afirma la ESMA, lo sostiene y es ejemplo Ruanda y Armenia, esos genocidios son la prueba palpable de que tolerar esos discursos va a terminar muy seguramente en algo que nosotros conocimos muy bien la historia reciente, y que padeció nuestro pueblo: el terrorismo de Estado”.
“No venimos a reivindicar estrategias penales y tampoco somos de la idea de engordar códigos”, aclaró, sino que “la centralidad del proyecto se sostiene en la necesidad de formación, de capacitación”, manifestó. No obstante, sobre la incorporación de un artículo al Código Penal, que plantea el texto, explicó que los funcionarios “van a tener que responder si esos discursos los sostienen en público”.
En nombre de Abuelas de Plaza de Mayo -cuya titular, Estela de Carlotto, no pudo asistir-, Guillermo Pérez Roisinblit opinó que este proyecto se trata de “una reacción inmune” pero “tardía” porque “esto no arranca ahora en la campaña, sino con un presidente (en alusión a Macri) que se anima a decir que todo lo hecho por los organismos de derechos humanos era ni más ni menos que un curro”. “Es alarmante que dentro de lo que significa el juego de la democracia haya personas, actores y candidatos que reivindican todo lo que pasó cuando no la tuvimos”, dijo.
Roisinblit aseveró que “no fueron excesos, fueron crímenes y delitos de lesa humanidad” y “un plan sistemático llevado adelante en el cual se había pensado quedarse con los hijos de las víctimas”. Nuevamente en una crítica a los libertarios, enfatizó que esos discursos provengan de “dos personas que quieren jugar al juego de la democracia, pero cuando se aburran se la van a llevar puesta”.
Nieta recuperada y legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro habló de que estamos en “una instancia tremendamente preocupante para la democracia; lo que está en riesgo es tremendamente grave”. Sobre la ley, afirmó que “es el marco que necesitamos para ponerle un freno no solo a un discurso, sino a una práctica política que quiere instalarse en Argentina, que quiere borrar la historia y que quiere atacar a nuestros jóvenes”.
“No es posible que una candidata a vicepresidenta niegue la historia de la Argentina y los 30 mil desaparecidos y la existencia de los nietos que fuimos recuperados”, sostuvo y alertó que, en caso de ser gobierno, podrían “cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos”.
Montenegro señaló que “esta pelea no termina con estas elecciones, creemos que vino a quedarse y disputar lo que conquistamos en estos años”. “El legado de las madres, de las abuelas y los organismos es un legado que debe ser de toda la sociedad argentina, y los discursos de odio vienen a atacar ese legado. Es cierto que el amor vence al odio, pero el amor hoy necesita una regulación urgente”, cerró.
Representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Federico Efrón pidió: “Demos una respuesta a esto, porque es inadmisible que en el marco de un debate de cinco candidatos a presidente escuchemos las palabras de (Emilio) Massera en su defensa final, antes de que termine el juicio de las juntas”. Para el funcionario, “tiene que haber algún tipo de respuesta frente a esos discursos” porque “desde 2003 en adelante tenemos una política de Estado consolidada”.
En ese sentido, explicó que se ha transformado en una política gracias a las decisiones y resoluciones del Ejecutivo, las leyes del Legislativo y las sentencias del Poder Judicial. Precisamente sobre esto último, informó que “al día de hoy, considerando la sentencia que se dictó ayer en Corrientes, en donde tres de los siete condenados no tenían una sentencia previa, llegamos a las 1.200 personas condenadas”. Además se han finalizado “336 juicios, hay otros 15 que están en curso y hay muchos más esperando comienzo. Sólo en lo que va de 2023 hubo 20 sentencias distintas”.
“Las sentencias reconocen que lo que pasó fueron crímenes de lesa humanidad, utilizan el término terrorismo de Estado, no es un discurso político, es algo que está reconocido por los jueces en todo el país”, enfatizó Efrón e insistió que los discursos negacionistas son “además de una absoluta falta de empatía con las víctimas, negar la realidad y negar los actos mismos del Estado en los últimos años”.
El funcionario indicó que “no se trata de criminalizar el discurso ni atentar contra la libertad de expresión”, sino de “responsabilizar al funcionario público que públicamente negara lo que ya está probado y reconocido por el Estado”.
Otro de los expositores invitados fue Remo Carlotto, director ejecutivo del Instituto de DD.HH. del Mercosur e hijo de Estela de Carlotto, quien mencionó que “lo que nos está sucediendo en la Argentina es algo que está sucediendo en la región”. En ese sentido, ejemplificó el caso de Brasil, donde Jair Bolsonaro siendo diputado “reivindicó al torturador de Dilma Rousseff” y luego “como presidente construyó un proceso de degradación de la democracia y la creación de una agenda violenta en la sociedad. Creció 800% la portación de armas (en su gobierno)”.
El exdiputado lamentó que no haya legisladores de la oposición en el debate, “porque quizás piensan que esto es un tema que no les incumbe, y eso es lo peor que puede pasar”. “La democracia nos pertenece, la democracia es un valor enorme para quienes vivimos la persecución y el exilio”, añadió.
También expusieron en la reunión Luis María Alman Bornes, titular del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Verónica Torras, del CELS; la senadora nacional oficialista Nora del Valle Giménez, quien estuvo detenida durante la dictadura; y Andrea Cuellar Camarena, de la Intersindical de Derechos Humanos.
La diputada oficialista Carolina Gaillard, quien recogió la propuesta consensuada por los organismos de derechos humanos, sostuvo que “esta ley se la debemos a las abuelas, a los hijos, a las madres, a todos lo que padecieron esos años trágicos en nuestro país, esa etapa oscura que fue la dictadura”. “Nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por su política de memoria, verdad y justicia”, ponderó y recordó a Néstor Kirchner, quien impulsó la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
“A 40 años de la democracia es inadmisible que tengamos candidatos en las fórmulas presidenciales, como es caso de Victoria Villarruel, que acaba de tuitear que la estamos amordazando con las leyes anti-negacionistas. Es decir, ella ratifica y reafirma que está en lo correcto negando o minimizando lo que ocurrió en nuestro país”, comentó sobre el posteo en la red social X de la candidata a vicepresidenta.
En el final del encuentro, el presidente de la comisión, Hugo Yasky, anunció que buscarán “avanzar con la unificación de todos los proyectos, porque tenemos voluntad de que haya un solo proyecto”.
El cierre quedó a cargo de Taty Almeida, quien dijo que “efectivamente quedamos muy poquitas madres, pero no me voy a cansar de repetir que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas seguimos de pie. Falta tan poquito para votar quiénes van a regir los destinos de nuestro país: por favor demostremos en las urnas, demostremos en los resultados que no nos han vencido”. “Sé que en algún rinconcito están Alejandro y los 30 mil desaparecidos apoyando este proyecto de ley”, expresó y los asistentes terminaron el encuentro al canto de “30 mil compañeros desaparecidos ahora y siempre”.
