El proceso de enjuiciamiento a los miembros del máximo tribunal de justicia debería obtener la mayoría calificada en el recinto para avanzar al Senado. La oposición enfatizó que “el show llegó a su fin” y presentó un dictamen de minoría.
Tras 26 reuniones realizadas a lo largo de este año, finalmente la Comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard (FdT), avanzó este martes con el dictamen acusatorio contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Ricardo Lorenzetti; y Juan Carlos Maqueda.
El juicio político, ahora, debería continuar en el recinto de la Cámara de Diputados, donde debería obtener una mayoría calificada (2/3 de los votos) para pasar al Senado, que es quien tiene la atribución de juzgamiento. Obviamente el oficialismo saliente no tiene el número en la Cámara baja, por lo que especulará votarlo más adelante ya que el dictamen tiene vigencia por tres períodos parlamentarios.
El dictamen de mayoría tiene como causales de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema: la sentencia que le devolvió los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional; la sentencia del “dos por uno” que beneficiaba a militares presos por crímenes de lesa humanidad; la sentencia respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura; y por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.
Los 16 votos a favor del dictamen correspondieron a los legisladores del oficialismo, a saber: Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Itai Hagman, Mónica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, Hugo Yasky y Carolina Yotrovic.
En la antesala de esta última reunión, el oficialismo realizó varios cambios para asegurarse de lograr las 16 firmas del dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema. Quedaron fuera: Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán (diputados que responden a Sergio Massa); y Mara Brawer, Susana Landriscini, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo.
La oposición presentó un dictamen de minoría en el que se opone a prolongar este proceso. También, hay un tercer dictamen presentado por el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, en oposición al proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia.
El proceso iniciado el 26 de enero pasado llegó al final de su tratamiento en comisiones, el cual debió haber culminado el 20 de noviembre pasado (un día después del balotaje), pero el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.
La reunión comenzó con la lectura de lo que fue todo el proceso realizado a lo largo del año, mencionó a todos los testigos que pasaron por la comisión y hubo un agradecimiento de la presidenta de la comisión a todos los que trabajaron arduamente en esa tarea.
Antes de las exposiciones de los diputados presentes en la reunión, se sometió a votación -y resultó afirmativo- que los dictámenes vayan acompañados por los anexos conjuntos de investigación (la parte general, resumen del proceso y las causas del proceso).
Asimismo, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, advirtió que las presentaciones de los jefes de bloques, Juan Manuel López y Mario Negri, “tenían que haberse resuelto en un plazo razonable” y fueron rechazadas por “ser improcedentes a los informes depuestos”.
En primera instancia, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) planteó una reseña de las cuatro causales por las que el oficialismo lleva adelante este proceso de enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia. “El resumen fue lo suficientemente detallado para que la opinión publica tome conocimiento de la seriedad que privó en el ámbito parlamentario”, arengó.
“Este ejercicio está vinculado a la docencia institucional porque quisieron hacerlo parecer como un acto revanchista de carácter direccionado a generar desprestigio hacia la Corte Suprema, pero a medida que avanzamos se iban corriendo velos en las irregularidades de esta institución”, agregó.
Del mismo modo, señaló que “la división de poderes es el pilar de nuestro sistema republicano”. “El juicio político es un procedimiento exclusivo del Congreso porque está en los artículos de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Diputados”.
Al respecto de las causales, Moreau explicó que “esas sentencias se transformaron en objeto de desviación de poder y no tenemos ninguna duda porque se vio reflejado en la causa 2×1, en la del Consejo de la Magistratura y en la coparticipación”, pero aclaró que “se juzga a las personas que integran la Corte Suprema, no a la institución”.
Finalmente, el diputado oficialista se solidarizó con Karina Banfi por las amenazas que recibió en su mail personal, y se manifestó preocupado por “el regreso” de discursos negacionistas que “alimentan la violencia política”.
En contraposición, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) expresó: “Llegamos a la última función de este entretenimiento que propuso el oficialismo”. “Moreau acertó la verdadera causa de esta investigación, y la causa por la que debe ser desestimada, porque esto se hizo para justificar la desobediencia ante la Corte Suprema”.
“La Corte emitió sentencia para que Nación le devuelva la coparticipación a la Ciudad, pero el presidente Alberto Fernández dijo que no iba a cumplir la sentencia porque no estaba de acuerdo”, remarcó el jurista del Pro. “A quien se le debería hacer juicio político es al presidente de la Nación”, aseveró.
Con un breve repaso por los causales, Tonelli afirmó que esto tiene “un origen político en la denuncia que nada tiene que ver con el supuesto mal desempeño de los jueces de la Corte”, y cerró: “Si le agregamos la sinrazón de los argumentos, no queda otra posibilidad más que rechazar esto”.
Por otro lado, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez remarcó su postura -cercana a la de JxC- respecto a este proceso y presentó un dictamen propio donde rechaza el proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.
Luego, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, señaló: “Las causales son carentes de todo fundamento”, y agregó que “este Gobierno aun teniendo mayorías en Diputados y el Senado, siempre tuvo una relación conflictiva con la justicia”.
“Una vez tuvieron sentado 12 horas a un empleado y no lo dejaban ir al baño y esto fue parte de una táctica y estrategia cuando querían usar a la comisión con los testigos que usaban”, añadió Negri y afirmó que “esto va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que yo recuerde”.
Por su parte, el oficialismo planteó las cuatro causales del proceso de juicio político a la Corte Suprema a través de Vanesa Siley (irregularidades de la obra social del Poder Judicial), Eduardo Valdés (la sentencia por la composición del Consejo de la Magistratura), Hugo Yasky (el fallo del dos por uno), y Juan Manuel Pedrini (por el amparo que le devolvió la coparticipación a CABA).
A su turno, el diputado nacional Álvaro González (Pro) expuso: “Quiero simplemente hacer referencia que allá por enero cuando empezó esta comisión hice referencia a que íbamos a tratar este pedido porque hemos trabajado un año entero y repito que este juicio político se lleva a cabo por un fallo que al presidente de la Nación no le gustó”.
“Con innumerables fallas técnicas no hay razones objetivas ni subjetivas que ameriten llevar adelante este juicio político”, enfatizó. Además, añadió que “no lograron acompañamiento de ningún bloque y cambiaron diputados porque no se animaban a firmar el dictamen. Repensemos porque esto le hace mal a la República Argentina”.
También, la diputada saliente Graciela Ocaña (Pro) afirmó que “es un circo político que ha durado demasiado”. “Nació de una sentencia que no gustó, que en realidad fue un amparo y el presidente decidió no cumplir y a los argentinos les importó muy poco lo que estaba pasando acá y eso se vio reflejado en las elecciones”.
Llegado el turno del presidente de bancada de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, expresó: “Este juicio es voluntad de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa”. “Todos por motivaciones distintas, todas malas”, añadió.
“La vicepresidenta sostiene el relato del lawfare, que es perseguida política. Alberto Fernández lo hizo para ejercer parte del poder, cuando los gobernadores le pidieron ir contra los recursos de CABA. Massa tenía que pagar esa sentencia de Cristina y no la pagó. También quería ser presidente y así tener a la Corte sometida”, explicó López.
En tal sentido, afirmó que “las tres cabezas del Frente de Todos se bancaron este juicio por objetivos distintos pero concurrentes. Desprestigiaron el juicio político como institución”.
Finalmente, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, resumió lo mismo que Gaillard al principio y manifestó que “venimos de dos diciembres donde la Corte tomó decisiones que fueron motivo para llevar a cabo este juicio político”. Asimismo, valoró el “enorme trabajo” realizado en el juicio político”, y sacó pecho al expresar que “cuando las mafias nos apuntan no nos amedrentamos”.
Tras 26 reuniones, y una decena de testigos, la presidenta de la Comisión de Juicio Político anunció los tres dictámenes (uno de mayoría, uno de minoría y uno del “Topo” Rodríguez) y celebró que “este proceso ha respetado la garantía del debido proceso con transparencia”.
