Después de que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunciara por cadena nacional que enviará un DNU con más de 300 artículos al Congreso, los diputados de las diversas bancadas que integran la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alertaron acerca de la “inconstitucionalidad” del mismo.

En ese sentido, la legisladora de Confianza Pública y vicepresidenta tercera de esa Casa, Graciela Ocaña, aseguró que “entre tanta derogación no incluyo las jubilaciones de privilegio de los presidentes, vicepresidente y el clero. Ni tampoco dio por terminado los aportes compulsivos de los trabajadores para los sindicatos”.

Mientras que los diputados de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes y Cecilia Ferrero afirmaron que “el dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99 inciso 3” e indicaron que “es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”.

“La CC ARI, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente”, continuó y concluyeron precisando que “este trabajo requiere seriedad, rigurosidad técnica y profundidad, por tal motivo se emitirá un dictamen con el objetivo de preservar derechos subjetivos de los ciudadanos”.

Al mismo tiempo que el legislador de Unión por la Patria (UP) Juan Pablo O’Dezaille señaló que “a los grupos empresarios les decimos, que ‘un DNU Inconstitucional, no nos hace retroceder’... No es ‘la libertad’ es el ajuste y la represión. El protocolo de Patricia Bullrich ya fracasó. El pueblo se expresa contra la estafa electoral”.

Además, Graciana Peñafort (UP) expresó: “quiero señalar que el DNU de Milei, además de no reunir los requisitos mínimos para el dictado de un DNU desconoce la jurisprudencia de la Corte que prohíbe la legislación por DNU de regímenes permanentes. Conf. Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional. También omite la doctrina que prohíbe la inderogabilidad singular de los reglamentos, por ejemplo lo que derogan para que entre una empresa”.

Asimismo, Andrés La Blunda (UP) consideró “Milei acaba de avasallar y pasar por encima la Constitución, la democracia y todos los poderes del Estado arrogándose facultades y destruyendo todos los mecanismos propios de una República. Estamos en momentos críticos para el país” y resaltó que “el plan económico libertario de Milei y Mauricio Macri tiene bien claro sus objetivos: destruir la industria argentina, vender nuestras tierras, privatizar nuestras empresas y, especialmente, hambrear al pueblo. Para ellos la democracia y los derechos adquiridos en la República Argentina son un estorbo y un costo para sus negocios”.

“El 19 y 20 de diciembre del 2001 el pueblo salió a la calle para hacerse oír e intentar ponerles fin a años de ajuste de políticas neoliberales. El resto es historia: el gobierno de la Alianza dio rienda suelta a la represión de un modo nunca antes visto desde el retorno de la democracia, dejando un saldo de 38 muertos. Hoy, 22 años después, volvió un proyecto neoliberal y represivo. Por esto es más necesario que nunca cuidar a la familia argentina y la democracia en este contexto difícil que estamos.  Memoria para no olvidar lo ocurrido y organización para enfrentar lo que viene”, completó.

En tanto, Victoria Montenegro (UP) advirtió que “no se pueden derogar leyes por decreto. No se puede reformar el Estado por decreto. No en democracia” y que Claudia Neira (UP) destacó que “si avalan el DNU no hay más Congreso. Papel pintado. Chau división de poderes, chau Estado de Derecho y sobre todo, chau dignidad”.

A su vez el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías Lammens (UP), precisó que se trata de un “atajo autoritario y absolutamente inconstitucional para demoler el Estado de Derecho vigente en nuestro país. Los cambios profundos en una sociedad democrática se discuten en el Congreso, no los define por decreto un auto percibido iluminado”.

Sobre esa misma línea, Victoria Freire (UP) manifestó que “el decreto de Milei es una estafa que desconoce toda legalidad, desregula los mercados para rifar nuestros recursos, destruye el Estado y confisca los ingresos de las mayorías mientras beneficia a la casta económica. No podemos permitir que vendan nuestro país” y que Delfina Velázquez (UP) remarcó que “Milei traicionó al pueblo que lo votó, a Macri y su pandilla ya los conocíamos. No entienden que el voto popular es una apuesta de confianza, no un cheque en blanco. Conducir no es mandar”.

Por otro lado, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano señaló que “si la CGT permite que destruyan la legislación laboral por DNU tiene que cerrar el boliche hoy mismo. Lo mínimo es convocar ya mismo un paro activo nacional. No es ‘modernización laboral’, es esclavitud de los trabajadores y un retroceso al siglo XIX. Es necesario un paro activo nacional ya” e indicó que “Milei quiere montar un régimen de excepción y gobernar en la ilegalidad. Está expresamente prohibido anular leyes por decreto. Milei piensa que es un monarca”.

Finalmente, Alejandrina Barry (FIT) concluyó señalando que “la población está cortando las calles contra un decreto que elimina cientos de derechos, de características golpistas que anula el congreso. El protocolo de Bullrich no duró ni un día. Paro general para frenar este brutal plan autoritario llamado motosierra. Aquí se escucha”.