Tras la denuncia de Republicanos Unidos (RU) y la Fundación Apolo, la Cámara Nacional Electoral continúa avanzando con una causa para que investigue investiga una decena de violaciones al código electoral por parte de Sergio Massa así como la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Además de intimar al ex candidato presidencial a designar abogado defensor, también se hizo lo propio con la ex titular de ANSES, Fernanda Raverta.

Asimismo, en dicha causa, la Cámara aceptó revisar el recurso presentado por Fundación Apolo contra la decisión de primera instancia adoptada por la jueza María Romilda Servini, que le había negado la posibilidad de ser querellante. La denuncia fue realizada en su momento por los dirigentes de RU Roberto Garcia Moritán, Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Fazio.

El texto presentado en su momento sostiene que el entonces candidato a presidente por Unión por la Patria incurrió “en las conductas prohibidas por” el artículo 64 quater del Código Electoral, “cuando se anuncian medidas dentro de los 25 días previos al acto electoral y, también, cuando se realizan actos de gobierno que pudieran tener el mismo efecto que los anuncios vedados: ‘promover la captación del sufragio’”.

Entre las infracciones a la veda cometidas por Massa desde las PASO hasta el balotaje, se encuentran actos proselitistas, reuniones con empresarios o medidas de Gobierno destinadas a influir claramente en el sufragio del ciudadano, como la ampliación de la entrega de créditos de ANSES, la eliminación de retenciones o bajas de impuestos. Para el periodo de campaña previa al balotare, desde el espacio liberal dan por probada la ruptura de la veda por la acordada 150/23 de la Cámara Nacional Electoral, donde explícitamente dice que la prohibición de difundir actos de Gobierno para la segunda vuelta empezaba el 25 de octubre.