Los legisladores bonaerenses lograron introducir cambios importantes en las iniciativas remitidas, pero sin tocar sus aspectos medulares de forma tal que el gobierno tendrá “herramientas” necesarias para enfrentar la crisis fiscal.

Una práctica frecuente que se da en ocasiones en la legislatura bonaerense, es que ambas Cámara sesiones en simultáneo y se giren los proyecto en tratamiento de una a la otra. Y ese fue el método elegido para cerrar un año legislativo particular.

Año particular por muchos motivos en la principal provincia argentina, pero en el caso de lo estrictamente legislativo es el cierre del 2023, que marca el comienzo del 2024, en principio, sin Presupuesto General de Gastos y Recursos.

Por un lado, en el proyecto de Ley Impositiva para el 2024 aparece como un logro opositor el hecho que los aumento no alcancen el 300%, sino que el tope se ubique en el 200%; mientras que de las cinco escalas originarias que se establecían quedaron tres, las de hasta 140, 180 y 200 % de aumento en los Inmobiliarios.

En tanto que los principales cambios que se realizó el en proyecto de ley de Emergencia tienen que ver con cuestiones que contenía el proyecto por fuera de la cuestión de las solicitudes para endeudarse.

Desde la oposición adelantaron que se elimina todo lo que tiene que ver con “gasto político, creación de estructura y cargos políticos” que se proponían en la iniciativa original, específicamente se pretendía avanzar en la creación de dos empresas publicas relacionada con la salud.

En cuanto a las autorizaciones para contraer deuda se mantiene el monto del equivalente a 1.800 millones de dólares para déficit, 300 millones de dólares para letras de tesorería y, además, se autoriza al Poder Ejecutivo reasignar autorizaciones endeudamiento conferidas por otras leyes vigentes no utilizados por una cifra que podría ir de 200 millones y hasta 800 millones de dólares.

En este proyecto de ley también quedan las prórrogas a las emergencias en seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; pero en lugar de hacerlo por dos años como planteó el Ejecutivo será por un año.

También se mantiene tal como estaba en el original la posibilidad de modificar los cronogramas de pagos de deudas vigentes por parte del Poder Ejecutivo por los pagos que los Municipios deberían realizar por el “Fondo Especial de la Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” y el más reciente “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipales”.

Por último, se creará un Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal de libre disponibilidad para el 2024 de unos 116 millones con una actualización por tasa del Banco de la Provincia y que se reparte entre los 135 municipio a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).