A apenas un mes de su asunción, el presidente Javier Milei está metido de lleno en un shock de reformas estructurales y profundas nunca encarado por otro jefe de Estado argentino en la historia moderna, al dictar un polémico decreto de necesidad y urgencia y mandar al Congreso un mega paquete de medidas que pretenden cambiar la vida de los argentinos para pasar de un Estado presente, con muchas regulaciones, a uno de libre mercado, especialmente en la economía y en áreas fundamentales como la salud y la educación.

El mega paquete de proyectos de ley empezó a ser debatido ayer en una plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y concitó tanta atención de los legisladores que no alcanzaron las sillas del salón donde empezaron a desfilar los funcionarios del Poder Ejecutivo que defenderán la iniciativa oficial.

Así el Congreso, especialmente la Cámara baja, por ser la iniciadora en el histórico debate, se convirtió en el poder del Estado -junto al Ejecutivo y al Judicial- que entregará la llave a Milei para concretar una abismal reforma no sólo económica, pasando a una abismal libertad de mercado en la que ya no habrá regulaciones del Estado.

Postula una reforma impositiva a largo plazo, en la que se eliminarían algunos impuestos.

También, plantea la privatización de 41 empresas públicas y reformas en la salud, en la educación y en la justicia, y también que sea la iniciativa privada la que haga obras y no el Estado, y una reforma electoral que hará impacto en la Cámara de Diputados y en las elecciones, con la eliminación de las elecciones PASO.

Asimismo, intenta modificar y controlar el escenario ante manifestaciones callejeras  como las que han atestado sobre todo la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años.

Algunas de las propuestas más inquietantes significan darle el certificado de defunción a la movilidad jubilatoria por la cual los adultos mayores cobran su jubilación y pensión. Como ocurrió con los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández, Milei también pretende otros parámetros, en este caso por decreto, por lo que se estima que los haberes se seguirán degradando.

Otro proyecto que preocupa es el aumento de las retenciones al campo, resistida por ese sector, que ya avisó que está con la guardia alta.

El DNU, por su parte, aún no tiene tratamiento en el Congreso por no haberse conformado la comisión bicameral y todo parece indicar que no hay mucho interés del oficialismo en que se integre, puesto que ya está en vigencia de facto, en algunos caso en forma parcial -la reforma laboral específicamente- por haber aceptado la justicia amparos en ese tema.