A favor de las modificaciones en la Ley de Salud Mental que propone el proyecto de ley ómnibus, Marina Charpentier, madre de Santiago “Chano” Charpentier, el líder de Tan Biónica, pidió a los legisladores dejar “de mirar para atrás y miremos para adelante” porque “los pibes se están muriendo, el fentanilo llegó a las calles de la Argentina”. 

En representación de la Asociación Civil La Madre Marcha, exclamó que hay una “cantidad de familias y de madres desesperadas diciendo ‘mi hijo se quiere internar y no hay dónde’, porque realmente no hay dónde. Los psiquiatras tienen sueldos que son de vergüenza y casi que hacen un trabajo vocacional”. 

“Celebramos la interdisciplina de la que habla la ley, celebramos que hablen de prevención”, destacó y sobre la norma actual dijo que “será muy buena, pero es teórica. Es lo mismo que si hoy (Javier) Milei dijera saco una ley para que desaparezca la inflación, no se puede, hay que tomar medidas para eso”.

La madre de “Chano”, que a raíz de su experiencia personal encabeza la lucha de madres de hijos con adicciones, se preguntó: “¿Qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar, que no puede criar a un hijo y que no puede convivir en la sociedad?”. 

Sobre su hijo, sostuvo que “gracias a Dios él está bien, ¿pero saben por qué mi hijo está bien? Porque él puede pagar tratamientos y puede pagar psiquiatras. Esta ley está hecha para gente con dinero, porque esto no es Australia, Finlandia ni Nueva Zelanda. Argentina tienen a los pibes muriéndose en la calle”. “Hagamos leyes para los pibes que tenemos, no los que soñamos tener”, reclamó. 

También celebró que “por fin se hayan decidido poner sobre la mesa la Ley de Salud Mental, contra la que no tenemos bronca ni estamos en contra, simplemente creemos que es una ley que quedó vieja, que cuando se hizo no intervinieron las personas que tenían que intervenir”. 

“Los artículos que propone la ley ómnibus estamos interesados a sentarnos en una mesa a discutir con los legisladores estos cambios, que nos parecen interesantes, que nos ayudan a ayudar a las madres que están desesperadas”, expresó. 

En otro tramo, Charpentier se preguntó: “¿Qué estigmatización más grande hay que decir que no puede haber un hospital psiquiátrico para enfermos mentales? ¿Por qué los que defienden la ley hablan de que el hospital es la cárcel, o que adentro se asocia con la tortura o con la ESMA? Por favor señores”. “No estamos en contra de los derechos humanos, pero ya están defendidos, la salud mental no”, añadió. 

A su lado, Stella Mauri resaltó que “la adicción es una enfermedad” y los adictos “no son usuarios como dice la ley, son enfermos”. “Todos los días tenemos hechos desgraciados. Llevamos años pidiendo las familias que el Estado nos escuche. Necesitamos un hospital monovalente donde puedan tratarse las patologías de salud mental y adicciones”, reclamó.

Asimismo, consideró que “es urgente decretar el estado de emergencia en salud mental en todo el territorio nacional”. Sobre la Ley 26.657, opinó que “seguramente la intención fue buena, pero lamentablemente no funcionó ni funciona”. “Mi hijo se terminó suicidando porque nunca lo pude hacer atender, porque la ley pide voluntad de internación. ¿A un adicto se le puede pedir voluntad de internación cuando lo primero que se quiebra es la voluntad?”, relató.

Por el contrario, Claudia Pugliese, del Consejo Consultivo Honorífico en Salud Mental y Adicciones, expresó el “profundo” y “absoluto rechazo” a las reformas propuestas, las cuales fueron concebidas “a espaldas del Congreso y el pueblo, sin ningún tipo de participación de usuarios, trabajadores, familias” y además “implica un retroceso volviendo a todos los modelos que han fracasado”. 

En ese sentido, enumeró que se trata de “volver a la centralización de modelos hegemónicos, a la ausencia de abordajes interdisciplinarios, a la privatización de la libertad, a la despersonalización de los usuarios, a la manicomialización, al encierro indiscriminado, a la destrucción de los lazos sociales, a la desprotección, la estigmatización y el aislamiento”. 

La especialista cuestionó que se busca “incorporar nuevamente la intervención judicial y tutelar para las personas con padecimiento psíquico” cuando “ los jueces y los abogados no son quienes tienen que decidir”. También habló en contra de “propiciar el encierro como modalidad primordial” y “habilitar la creación de nuevos manicomios e interrumpir los procesos de transformación de los existentes”. 

Para Pugliese, la propuesta “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos” y responde a  “intereses de ciertos grupos de poder” en pos de la “mercantilización del sistema”.