¿Milei estará dispuesto a afrontar el riesgo de ir a una consulta popular en la que, entre otras cosas, parte del pueblo que lo votó en noviembre pueda darle la espalda con el sólido argumento de que el sentido del cambio votado entonces era distinto del que está impulsando?
Milei es un presidente con gestualidad autoritaria pero, a la vez, como ha quedado demostrado en el tratamiento parlamentario de la denominada “ley ómnibus”, sus herramientas políticas son muy débiles para lograr la aprobación de sus iniciativas con el solo argumento de pechear a los adversarios. Herramientas políticas son, en este caso, su esmirriado andamiaje parlamentario -enriquecido, por así decir, por aliados sui generis, que dejan de serlo en cualquier momento- y sus colaboradores directos, ministros, secretarios y asesores. Hay en todo ese equipo una notable falta de experiencia que no se suple con tuits y voluntarismo.
Ahora resta ver como procesa el presidente la frustración del naufragio de la ley. Este es un test ácido que en muchos ámbitos institucionales se esperaba, habida cuenta del carácter por lo menos revoltoso que exhibe el mandatario desde que se lo conoció en las tertulias televisivas de la década anterior.
Las alternativas para el presidente, en principio, son tres: 1) Barajar y dar de nuevo en Comisión hasta lograr un proyecto consensuado, lo cual tiene baja probabilidad de ocurrencia; 2) Gobernar, hasta donde pueda, mediante DNUs y leyes que logren consenso. En este caso, parece un tiempo muy temprano del período presidencial para pensar en gestionar con el nivel de confrontación que eso implicaría, y 3) Convocar a la consulta popular que Milei ha venido meneando desde antes de haber asumido la presidencia. Tampoco esto último sería “soplar y hacer botellas”.
La consulta popular está contemplada en el Artículo 40 de la Constitución Nacional que dice que para que el resultado sea “vinculante”, debe ser convocada por iniciativa de la Cámara de Diputados y aprobada por las dos Cámaras. En ese caso, el resultado de la consulta sería “Vox Dei” y la ley se aprobaría ipso facto.
Difícil misión, si se toma en cuenta la debilidad de los mileistas puros en la cámara baja y, en especial, el grado de ofensa que tendrán muchos legisladores a los que el presidente llamó, como poco, “delincuentes” y “traidores”. No se puede andar por la vida insultando gente y después reclamándoles apoyo. No todos son tan misericordiosos como el Papa Francisco.
El presidente puede per se convocar a una consulta popular, pero en ese caso no sería “vinculante”. Así lo establece la Constitución.
Ahora bien, ¿Milei estará dispuesto a afrontar el riesgo de ir a una consulta popular en la que, entre otras cosas, parte del pueblo que lo votó en noviembre pueda darle la espalda con el sólido argumento de que el sentido del cambio votado entonces era distinto del que está impulsando? Hay muchos argumentos para señalar que el esfuerzo para el “cambio” está recayendo, como siempre, en los sectores más débiles de la sociedad, mientras el presidente acomoda a una parte notable de lo que denominó “casta”, ambula por el mundo junto con el alto empresariado y expone diálogos y tuits cuasi cholulos con inversores globales que lo festejan y que, quizá, estarían dispuestos a arriesgar en Argentina siempre que se haga lo que ellos quieren.
La eventual consulta popular puede plantear, desde el mismo día que sea convocada, una súbita reconfiguración del escenario que ni el más imaginativo de los políticos pudo alguna vez soñar. En un ejercicio de esta naturaleza no habría candidaturas, factor que despeja muchas de las vanidades que frustran la constitución de alianzas que en otras circunstancias hubieran sido muy positivas para reconstituir el implosionado territorio de la política nacional.
Milei podrá contar con mayuoría de quienes lo votaron en las PASO (agosto, 7,1 millones / 30,4%) y en la primera vuelta (octubre, 7,8 millones / 29,9%), pero no puede ni soñar con todos los votos que obtuvo en el balotaje (noviembre, 14,4 millones / 55,69%), porque esa diferencia fue lograda precisamente con lo que, al menos en el orden dirigencial, se quebró. De por sí, si a menos de seis meses de haber asumido, Milei obtuviera un voto menos que en noviembre, para la consideración de muchos, ya habría perdido.
Una parte de lo que fue Juntos por el Cambio puede estar dispuesta a desertar e integrarse, en este caso puntual, con un colorido abanico en el que se expresarían fuerzas de centro derecha, de centro y de centro izquierda que no están de acuerdo con gran parte de la “ley ómnibus” ni con los malostratos del presidente. Como las boletas serían dos, una por SI y otra por NO -aunque siempre estaría la opción de votar en blanco o abstenerse- muchos dirigentes tendrían que tragarse sapos de tamaño baño con el objetivo mayor de sumar una cantidad de votos superior a la del SI.
Ese abanico podría convivir y transformarse en una importante fuerza horizontal si figuras de la vieja política argentina que tienen mucho más rechazo que aceptación en la ciudadanía, se abstuvieran de intentar ponerse al frente o de hacer campaña. Seguro que el primer acuerdo que alcanzarían es sobre la necesidad de un cambio con más libertades -¡claro que está bien!, en el que la justicia social no sea “una aberración”, y que los esfuerzos para lograrlo, desde un principio, deben ser mejor repartidos, estibando las mayores cargas sobre los que más pueden.
