Julio Cobos, junto a diputados y diputadas nacionales de la UCR, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para conocer el alcance e impacto de la medida establecida por la administración de Javier Milei.
El diputado nacional Julio Cobos presentó junto a un grupo de diputados radicales un pedido de informes referido a la decisión oficial de suspender la obra pública.
El legislador mendocino explicó que “sabemos que el oficialismo tomó la decisión de suspender la obra pública, pero es fundamental conocer en detalle lo que esta decisión implica porque afecta directamente a millones de personas. Originalmente se aclaró que las obras con financiamiento internacional como las que cuentan con crédito del BID, del Banco Mundial o la CAF, seguirían su marcha normal. Esto es particularmente importante, ya que esos créditos de no ser utilizados pagan sobrecargos o multas. Es decir, es más oneroso no usarlos que sí hacerlo”.
“También se indicó que se respetarían los contratos en ejecución -observó-. Sin embargo, diversos medios informan que todas las obras públicas están paradas, sean con financiación del Tesoro o de un organismo multilateral de crédito, las empresas constructoras no reciben pagos desde noviembre, se han despedido a más de 70.000 obreros de la construcción y si esto continúa empezarán los despidos del personal permanente de las empresas”.
“Entendemos que la obra pública no es un gasto, sino una inversión necesaria para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes del país. Hoy en Argentina, casi el 40% de la población aún no tiene cloacas y hay un déficit habitacional de más de tres millones de viviendas, está claro que si baja la inflación a tasas internacionales podrá reaparecer el crédito hipotecario; sin embargo, con los salarios medios actuales es imposible acceder a una vivienda. Por eso es necesario, con control y la transparencia necesaria, continuar con los planes de vivienda social existentes o generar nuevos más eficientes y accesibles”, señaló Cobos.
El ex gobernador de Mendoza indicó que “las grandes obras públicas tienen un impacto directo en el desarrollo productivo y comercial del país. Será muy difícil incrementar las exportaciones si no tenemos rutas adecuadas y modernas, infraestructura ferroviaria y portuaria actualizadas para hacerlo. Seguramente en algunos casos se podrá implementar la inversión privada, pero aún en el modelo chileno que el presidente de la Nación toma como ejemplo a seguir, sólo el 7 % de las obras públicas se hace por iniciativa privada”.
Para el diputado radical, “es entendible y loable buscar el déficit cero, pero no ejecutar obras ya contratadas con financiamiento internacional, no sólo no baja el déficit, sino que lo sube ya que se deben pagar cargos adicionales por no cumplir los términos de los créditos acordados y fundamentalmente, tienen un impacto social negativo muy grande que no puede ser desatendido por el Estado. Pensar en el futuro de una Nación y el modelo de país no puede estar reducido a un proceso de achicamiento o desguace, fundamentalmente debe estar apalancado en un proceso de construcción y desarrollo”.
Qué se pide conocer
A continuación, detalle del informe solicitado al Poder Ejecutivo en relación con la obra pública:
Acompañan el proyecto los diputados Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Natalia Sarapura, Marcela Antola, Manuel Aguirre y Marcela Coli.
