La diputada de Hacemos Coalición Federal señaló que tomó como base “algunos temas que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo y que han sido adaptados”.
En el marco de los debates sobre el rol del Congreso y la necesidad de construir consensos sobre aquellos temas que contribuyan a un programa de crecimiento y desarrollo, la diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) presentó un conjunto de proyectos de apoyo y fomento a las pequeñas y medianas empresas.
“Se han tomado de base algunos de los temas que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo y que han sido adaptados para que su implementación no esté solamente dirigida a promover incentivos para las grandes inversiones, sino que deberían, prioritariamente, ayudar a empresas nacionales pequeñas y medianas, que generan puestos de trabajo y agregan valor”, sostuvo.
Atendiendo al objetivo de modernización, digitalización y mayor eficiencia en el Estado, se propone crear una Cuenta Corriente Única Fiscal (CCUF) para todos los contribuyentes que cuenten con CUIT y tiene por objeto evitar que deban cumplir obligaciones de pago ante la AFIP cuando al mismo tiempo son acreedores de saldos ante ese mismo ente recaudador. Se trata de compensar créditos y débitos de los contribuyentes con la AFIP, facilitando el cumplimiento fiscal, evitando moras, recargos o deudas acumuladas. “Garantiza un mecanismo más equitativo y justo en el sistema tributario”, aseguró.
Asimismo, en otro proyecto se promueve la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIIP), mediante el cual aquellos que cumplan determinados requisitos y destinen al menos tres cuartas partes de sus ganancias para reinvertir en actividades industriales en el país, recibirán una serie de beneficios impositivos y de tutela y certidumbre por considerar que aportan al interés nacional.
Los objetivos del régimen son: reinversión de utilidades en actividades productivas, promover el desarrollo económico, mejorar y fortalecer la competitividad en distintos sectores económicos, favorecer la creación de empleo, generar condiciones de estabilidad y previsibilidad y crear un vínculo virtuoso entre el sector público y privado.
Por otro lado, el tercer proyecto facilita a un trabajador independiente la posibilidad de asociación con otros trabajadores también independientes para enfrentar dificultades y crear condiciones más favorables para un mercado laboral formal y para el desarrollo de emprendimientos productivos. Se trata de un sistema basado en la autonomía que no crea vínculos de dependencia.
“Debemos apuntar a un Estado más moderno, dinámico, eficiente, que aliente al inversor, lo apoye y facilite su accionar para contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad. Ese Estado también requiere una revisión hacia el interior de su funcionamiento. O sea, deberá asegurar el mejor rendimiento en el marco de la más absoluta transparencia. Para eso se requieren normas y procedimientos que apunten tanto a la prevención, como la reglamentación y sanción de la corrupción y de todas las conductas que puedan afectar la confianza social en las instituciones”, explicó la legisladora.
Además, enfatizó que para ello impulsa “una reforma integral al tema de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos, de tal manera de salvaguardar cualquier duda o sospecha sobre la afectación que el interés público y social cuando quedan enfrentados con los intereses particulares de aquellos que toman las decisiones”.
El proyecto para prevenir, reglamentar y sancionar los conflictos de intereses toma como base la Ley Nacional de Ética Pública (25.188), así como otras normas de la Oficina Anticorrupción y los modelos internacionales relacionados de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual la República Argentina es parte.
Define el conflicto de interés como “toda situación en la cual el interés general de la función que se ejerce pudiera verse influido por su interés propio, laboral, profesional, económico o financiero, o el de personas físicas o jurídicas estrechamente vinculadas”.
“Demasiados ejemplos tenemos en el país sobre los abusos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas y de qué manera ello ha afectado la credibilidad pública y el funcionamiento de la democracia. Se trata de restablecer desde la ejemplaridad, un vínculo entre el funcionario político, público y la sociedad basado en la confianza. Para ello, la transparencia no será considerada como un objetivo en sí mismo, pero sí como una cualidad imprescindible de la gestión para el buen gobierno”, subrayó Stolbizer.
