A pocos días del comienzo de clases, el Gobierno nacional decidió extender un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo y enviar recursos a las provincias para educación. Cabe aclarar que no se trata del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el cual no fue renovado este año.

La medida se trata de dar vigencia en 2024 al artículo 7 de la Ley 26.075 que estableció una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

“Vencido el plazo fijado en la citada ley, se han dispuesto sucesivas prórrogas del referido artículo 7, con el fin de asegurar el financiamiento del sector, siendo la última la dispuesta por el artículo 13 de la Ley 27.701” de Presupuesto.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que “la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión”, destinando dichos recursos “al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

“La dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7 de la Ley 26.075 impide la disponibilidad de recursos para los fines antes mencionados, afectándose en forma directa la situación económica” de las provincias y la Ciudad, se agregó.

En el DNU 231/24, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se expresó que “la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad” de estos fondos.