Las iniciativas apuntan a ampliar el período de prueba, incentivar el blanqueo laboral y declarar ciertas actividades esenciales, frente a huelgas.
Un grupo de diputados del Pro, con su presidente Cristian Ritondo a la cabeza, presentó tres proyectos de ley para modernizar la legislación laboral vigente, y que van en sintonía con el contenido del DNU 70/2023 que fue suspendido por la Justicia en enero pasado.
Las iniciativas buscan ampliar el período de prueba, incentivar la registración brindando beneficios en las cargas sociales, simplificar la burocracia para la registración de empleados y declarar servicios esenciales a las áreas clave para asegurar la prestación de los mismos, frente a huelgas y reclamos sindicales “que interrumpen el normal funcionamiento de la vida en sociedad”, resaltaron.
“Modernizar las leyes laborales es fundamental si queremos salir de la pobreza. El modelo del kirchnerismo está agotado. Un modelo de estado céntrico, hiper regulador, que demostró fracasar rotundamente en generar riqueza, trabajo y una mejor calidad de vida para los argentinos”, sostuvo Ritondo.
El jefe del bloque aliado del oficialismo agregó que “el mundo cambió hace rato, competimos en un mercado global que nos exige ser mucho más productivos y, sin embargo, seguimos con regulaciones laborales pensadas para el siglo pasado, que no contemplan los nuevos tipos de relaciones de trabajo ni las nuevas tecnologías”.
El primer proyecto apunta a ampliar el período de prueba de tres a ocho meses y, si se decide dar continuidad a la relación laboral, el empleador tendrá el beneficio de la reducción de cargas sociales vinculadas al componente de seguridad social.
La segunda iniciativa intenta simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido para su realización. Además, elimina las multas por falta de registro laboral, buscando reducir el costo laboral excesivo y se habilita la denuncia electrónica de falta de registro laboral ante la autoridad de aplicación. El objetivo es reducir la informalidad laboral y mejorar el acceso al empleo para sectores marginados de la población, al tiempo que se busca hacer más previsible el costo laboral para los empleadores.
El tercer proyecto solicita establecer que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar el normal desarrollo de las actividades de una sociedad. “El ciudadano no puede verse afectado en la demanda de servicios de seguridad, de transporte, de salud y educación a partir de acciones gremiales que alteren el funcionamiento esencial de esos servicios”, aseguraron. En este sentido, se establecen guardias mínimas del 75% para el desarrollo de esas actividades.
“Es urgente un cambio si queremos que dar empleo en Argentina no sea una condena para nuestras PyMEs y empresas, sino la manera que estas tienen para generar más riqueza y desarrollo para nuestra Nación. El empleo formal registrado no crece desde el año 2011 y las medidas adoptadas hasta el momento no han podido revertir el problema de la informalidad”, argumentó Ritondo.
Los tres proyectos encabezados por Ritondo fueron acompañados por Alejandro Finocchiaro, Héctor Stefani, Sabrina Ajmechet, Martín Maquieyra, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, María Florencia De Sensi, Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Ana Clara Romero, Silvana Giudici, Sergio Capozzi, Germana Figueroa Casas, José Núñez, Sofía Brambilla, Martín Ardohain, Karina Bachey, Gabriela Besana, Damián Arabia y María Sotolano, entre otros.
