La Casa Rosada circuló el nuevo texto entre gobernadores y diputados. Contiene menos emergencias públicas, reduce las empresas a privatizar e incorpora una propuesta de fórmula jubilatoria.
Durante la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei señaló que el Pacto del 25 de Mayo estaría condicionado a la aprobación de la ley de Bases, más llamada ley ómnibus, y un paquete fiscal. Por ello, desde Casa Rosada circularon esta semana el borrador de dos proyectos de ley con los que buscarán avanzar en el Congreso.
Uno tiene que ver con los temas tributarios, como Ganancias, monotributo y un blanqueo, mientras que el otro se trata de la reversión del proyecto que se cayó en la Cámara de Diputados el 6 de febrero pasado.
El texto contiene consensos que había logrado el oficialismo con bloques dialoguistas durante el tratamiento en comisiones, introduce algunos cambios y también retira ciertos capítulos.
Respecto a las emergencias, pasa de 9 (contenidas en la versión que se llevó al recinto en el verano) a 4: administrativa, económica, financiera y energética. El plazo sería solamente de un año y se incorpora que el Poder Ejecutivo deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.
Por otra parte, se mantiene el pedido para que se faculte al Gobierno a “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”.
Se reformula la delegación de facultades legislativas en materia de reforma del Estado, circunscribiendo mayormente a los organismos centralizados y descentralizados (no a los autárquicos) y a los fondos fiduciarios.
Se reduce el número de empresas a privatizar, estableciendo tres categorías: podrán ser privatizadas en su totalidad Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Argentina; mientras que con un esquema mixto de privatización/concesión aparecen AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y YCRT.
En tanto, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco de la Nación y Arsat “solo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
Se establecen algunos cambios sobre el procedimiento de la privatización, en el cual intervendrá una comisión bicameral del Congreso, la SIGEN y AGN; y se incorporan disposiciones sobre la liquidación (transferencia de bienes remanentes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado).
El borrador de la nueva ley ómnibus contempla una nueva fórmula jubilatoria, que establece que los haberes previsionales se actualizarán mensualmente por inflación. Y que la primera actualización “se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024” con un 10% de plus.
“En el caso de que la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sea posterior al 1° de abril de 2024, el pago de las sumas resultantes será cancelado conforme el cronograma que determine la ANSeS”, añade.
Entre los artículos que habían generado rechazo de la oposición dialoguista, se excluyen las disposiciones sobre deuda pública: reforma a la Ley de Administración Financiera respecto de la reestructuración de deudas, y eliminación de la autorización del Congreso para emitir deuda en moneda extranjera o bajo legislación o jurisdicción extranjera.
Se mantiene la consolidación de los títulos de deuda pública en manos de organismos del Estado (no aplica al Banco Central). Esto incluye al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no transfiere el resto de los activos (las acciones y obligaciones negociables, que quedan en su poder), y continúa en existencia.
En el nuevo proyecto de ley, se autoriza igualmente al Poder Ejecutivo Nacional a disponer la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios.
Algunos de los temas que se mantienen son los referidos a la promoción del empleo registrado; modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y la Ley Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En tanto, se eliminó el capítulo referido a la “organización de las manifestaciones”, más conocido como protocolo Bullrich; modificaciones a la Ley de Biocombustibles; el capítulo de cultura y las reformas en las leyes de Bosques, Quema y Glaciares.
