Finalmente se oficializó este sábado el aumento por decreto otorgado a los jubilados y pensionados. Lo hizo a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, donde se informa que, debido a “la imposibilidad de resolver el problema de los haberes jubilatorios mediante el tratamiento legislativo ordinario con la celeridad que el asunto requiere, y frente a la licuación ocasionada por la fórmula previsional sancionada por la anterior administración, el presidente de la Nación ha decidido firmar un decreto de necesidad y urgencia para establecer una nueva fórmula jubilatoria y solucionar el problema de una vez y de manera definitiva”.

Según lo anunciado, desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento adicional único del 12,5% para ese mes, en concepto de reparación por el daño ocasionado por la fórmula previsional del Gobierno anterior”.

Se indica que el “compromiso” del Gobierno Nacional es “ejecutar una reforma previsional integral que le otorgue sustentabilidad al sistema e introduzca mecanismos de ahorro privado”. Se habla en ese sentido que esa reforma deberá ser “trabajada en conjunto con una reforma laboral” dado que “ambas cuestiones se encuentran interrelacionadas”.

El comunicado finaliza destacando el deseo de que esos temas puedan ser abordados de cara al Pacto de Mayo anunciado el pasado 1° de marzo por el presidente de la Nación.

La medida adoptada por el Gobierno había sido adelantada durante la semana, justo el día en el que se activó la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, convocada para analizar los proyectos para armar una nueva fórmula jubilatoria. En esa reunión celebrada el miércoles pasado, no participó en plenario la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Según se admitió ese mismo día, el titular de esa comisión, José Luis Espert, prefería no avanzar con ese tema desacoplado con el Gobierno Nacional.

Tengamos en cuenta que la creación de una nueva fórmula jubilatoria figuraba en el borrador de la ley de Bases que volverá a tratar la Cámara baja. El tema figura en el Título V del proyecto, donde se consigna un ajuste mensual por IPC a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición. Había trascendido la semana pasada que la cuestión podría ser saldada por la vía del decreto, pero eso fue desmentido oportunamente por el vocero presidencial y el propio presidente de la Nación.

La alternativa de un DNU para zanjar la situación siempre tuvo sus ventajas. Por un lado, aceleraría los tiempos para que los jubilados no siguieran perdiendo con la inflación. Por otro, quitaría del debate de la ley de Bases un tema ríspido como era la cuestión jubilatoria, donde resultaba tan difícil ponerse de acuerdo con el tema del “empalme”. Desde la Coalición Cívica, recordemos, se pedía un porcentaje de 20,6%.

Originalmente trascendió que el Gobierno analizaba una compensación de entre el 12 y el 14%. Al final fue del valor inferior. La pregunta ahora es cómo seguirá el debate.

Ni bien trascendió que habría un decreto, el bloque de diputados radicales expresó su apoyo a la actualización por IPC, pero insistió en una mayor compensación por el empalme. “Más allá de que entendemos que la vía parlamentaria es el camino indicado, consideramos acertada la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una medida que busque recomponer los haberes jubilatorios, que se vieron seriamente castigados por la inflación”, señaló el bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

Agregó que “la decisión del radicalismo de impulsar la constitución de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la Cámara baja y de avanzar con la discusión parlamentaria para establecer un nuevo mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios, fue decisivo para que el Gobierno tomara una decisión que, de manera correcta, toma en cuenta el índice de precios al consumidor como mecanismo para determinar los aumentos”.

“Al mismo tiempo, insistimos con la necesidad de que el empalme con la nueva fórmula de ninguna manera puede significar la consolidación de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dejándose fuera del cálculo el mes de enero, que fue el de mayor inflación”, cerró el bloque radical de Diputados.

También se pronunció el diputado Maximiliano Ferraro, muy activo las últimas semanas en esta cuestión, quien precisamente resaltó que “hemos hecho un gran esfuerzo para visibilizar la situación que atraviesan los jubilados y priorizar en la agenda política la necesidad de una nueva fórmula de movilidad. Valió la pena, con el DNU estamos frente a un avance”.

“El Gobierno no pudo seguir evadiendo la realidad ni dilatando una solución frente a la urgencia del miles de jubilados que seguían perdiendo contra la inflación”, agregó el diputado, que anticipó que “vamos a aguardar el texto del decreto para analizarlo, seguiremos trabajando en el congreso para consolidar una fórmula y si es necesario, aumentar el porcentaje de recomposición de las jubilaciones”.

Conocido el comunicado de la Oficina del Presidente este sábado, el diputado Martín Tetaz salió al cruce a través de la red social X: “No sean mentirosos; la demora en el tratamiento legislativo de la nueva fórmula es 100% responsabilidad de este gobierno que constituyó tarde la Comisión de Previsional y no convoca a Presupuesto para discutir las fórmulas presentadas por la oposición”.

Y concluyó: “Nosotros comprometemos públicamente nuestro voto positivo para que las jubilaciones se fijen en UVAs desde diciembre 2023”.

Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña no recibió de buen grado la noticia, que calificó como “mala”. “Otra vez pierden los jubilados”, concluyó.

“Habrá que leer la letra chica, pero de lo que informan, podemos precisar que en el empalme entre las fórmulas se ‘olvidan’ de compensar las inflaciones de diciembre y enero. La fórmula del presidente sigue ajustando a los jubilados y ante la posibilidad que el Congreso tomara una fórmula que reconociera el total de la inflación de este año, decidió acelerar y sacar ilegalmente un DNU”, señaló Ocaña.