“No fueron 30 mil”, afirmó el pasado 24 de marzo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el marco de conmemorar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, por lo que el senador nacional Sergio “Oso” Leavy (UP – Salta) presentó un proyecto de ley para crear un marco regulatorio de protección contra el negacionismo.

La iniciativa propone la protección de los derechos humanos reconocidos y garantizados constitucional y convencionalmente. Así, aclara que “las disposiciones de la ley serán obligatorias para todos los agentes y funcionarios que se desempeñan laboralmente en los poderes y organismos del Estado”.

“Queda terminantemente prohibido a todo el personal que se desempeña en los poderes y organismos desarrollar toda acción y omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado. También exponer manifestaciones notorias, elogiando, celebrando, minimizando, justificando o aprobando a los autores responsables de los delitos”.

También propone la modificación del Código Penal para que el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad sean reprimidos con prisión de un mes a un año e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de cinco años. Además, establece una multa de 100 a 1000 unidades fijas que serán calculadas por el valor de las unidades de medida arancelaria PJN.

En ese sentido, propone una sanción a los medios de comunicación que también difundan o reproduzcan expresiones negacionistas con una multa que va del 0,1% al 10% de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.