La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de Diputados, presidida por Leandro Santoro (UP), se reunió este miércoles para llevar a cabo su tercera informativa con representantes del sector público y privado donde abordaron la situación de la vivienda en la actualidad.

Santoro comentó que las reuniones fueron para “construir la agenda de la comisión”, y resaltó que hubo más de 100 expositores entre organizaciones de la sociedad civil, sociales, técnicos, urbanistas, representantes del sector privado, público y sindicatos. “Escuchamos sus propuestas y demandas y vamos a trabajar, no solo en un informe que concentre todos los insumos que nos acercaron, sino también pretender generar una agenda legislativa potente para trabajar en los próximos meses”, adelantó.

Los ejes de la reunión fueron vivienda pública, programas de acceso a hábitats, vivienda, construcción, vivienda y desarrollo privado, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y empleo.

El primero en exponer fue Ricardo Griot de la Cámara Argentina de la Construcción quien manifestó: “Es un tema muy importante. Toda la política de vivienda debe trascender gobiernos y no lo hemos logrado. Es necesario una política de largo plazo y que se cumpla porque si no es todos los días empezar de nuevo con los planes y no llegamos nunca, no logramos avanzar”.

“Necesitamos avanzar en consensos y en una política que se pueda desarrollar con principio y con final. El plan con el que se empezó es el FONADI que si se hubiese cumplido y administrado correctamente hoy se habría logrado reducir muchísimo que lo que ha hecho el déficit de vivienda”, cuestionó.

En esa línea, Griot criticó que el FONADI “ha sufrido varios cambios ilógicos que no se volvieron a debatir. Hubo cambios hasta de participación de provincias. Esto hace a la mala política de no rediscutir algo que hay que rediseñar si los porcentajes de participación son los correctos”.

“Ha sido recortado permanentemente en distintos momentos por necesidades de macroeconomías. Ha sufrido cambios legislativos y del Ejecutivo que lo están haciendo prácticamente desaparecer”, denunció y sumó: “Necesitamos que ese fondo tenga el vigor que supo tener y que se redistribuya y aplique para esto”.

También señaló la necesidad de la reurbanización de los barrios populares que “tienen un entramado muy complejo. Hay créditos internacionales de multilaterales porque es una preocupación en el mundo para insertarlas en la sociedad y para la lucha de crimen organizado contra el narcotráfico. “Tiene que haber una planificación con tiempos”.

Por otro lado, se refirió al PROCREAR y sostuvo: “Si bien da solución a la vivienda, no es una solución viable por dos motivos porque el crédito individual produce un desorden urbanístico, y por la formalidad e informalidad con la que se trabaja en la construcción”.

“Hoy hay más de 16 mil unidades paradas en algún grado de evolución para ver cómo se culminan. Hay un bien de capital parado muy gravoso para el Estado. Estamos negociando para que se puedan continuar porque no es una política estrictamente del Estado. Sobre desarrollo urbanístico no se pudo dar solución por la falta de crédito. Vamos a necesitar varias herramientas para avanzar porque hasta ahora solo se construyó para un sector de la sociedad”, cerró.

Por parte de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) expuso Damián Tabakman quien coincidió con el funcionario preopinante y solicitó que “en el ámbito legislativo se pudiera abordar temas que son importantes para nosotros y que podrían ayudar que el financiamiento bancario llegue a los compradores para que puedan adquirir sus unidades desde el pozo, como la hipoteca de bien futuro y la subrogación hipotecaria”.

Luego, Alejandro Amaro, representando a Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), informó que “desde hace tiempo venimos promulgando el lanzamiento de créditos no bancarios para pymes”, y explicó: “Nuestra propuesta presenta soluciones frente al déficit habitacional para cien empresarios y trabajadores PyMEs de cualquier punto del país generando empleo directo e indirecto, además de garantizar la compra de productos nacionales”.

A su turno, Rubén Pronotti, secretario de Organización de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), instó a “trabajar todos juntos para el bien común que es que las familias de argentinos puedan reencontrarse con sus viviendas”.

Desde la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, Gustavo Quinteros, afirmó que “es fundamental ver el crédito intermedio, porque hay que construir esas propiedades, y hoy por hoy para llevarlas adelante y a un ritmo más acelerado es importante buscar las políticas de créditos intermedios para los desarrollistas, y después les llegue a los usuarios finales a través del crédito hipotecario”.

En tanto, la directora del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat de San Martin de los Andes, Carolina Amaya, hizo hincapié a la situación de su ciudad al manifestar que apuntan a “trabajar inteligentemente políticas públicos locales para hacer más eficiente la participación en la valoración inmobiliaria y generar recursos”.

Raúl Quirino, de Autoconvocados Asamblea del Paraná, habló acerca de un pedido de informes sobre la situación en el Paraná, sus aguas, costas e islas. “Me parece bien la convocatoria a discutir el reordenamiento y las condiciones en qué se dio”, sostuvo, pero también advirtió que “está en riesgo la soberanía del Paraná y la vida cotidiana de las familias”.

A continuación, Federico Kulekdjian, de la coordinación de alquileres de la subsecretaria de Hábitat de la Comunidad del Ministerio de desarrollo de la comunidad PBA, detalló que “desde el censo del 2001 al del 2022 se han duplicado la cantidad de hogares inquilinos en la Provincia de Buenos Aires, pasando del 9.5 al casi 20% de hogares que alquilan”.

“Cuando se debate el tema sobre el hábitat en el ámbito público, vemos que impera una visión mercantil que invalida toda discusión que no sea la rentabilidad, sin tener en cuenta lo que genera sobre los ingresos de los trabajadores”, criticó.

También hizo uso de la palabra Santiago Fernández, concejal de San Martín de Los Andes, que resaltó que “la ciudad está entre los tres metros cuadras más caros del país, es decir donde el sector inmobiliario tiene un peso significativo impresionante”.

Por último, María Eugenia Ceraso, concejal por Primero Angostura de Neuquén, de Villa la Angostura, coincidió en los diagnósticos realizados por los expositores que la antecedieron. “En Angostura no vemos una política integrada de acceso al suelo que haga que la captación de territorio se traduzca al acceso a la vivienda en un ritmo y cantidad de gente que hoy en nuestro territorio está demandando soluciones”, puntualizó.

También, expuso María Alejandra Basso, de ATE Hábitat; Fernanda Miño, ex secretaria Nacional de Integración Socio Urbana; y Félix Villatoro, de la Cooperativa de Vivienda Ciudad de Santa Rosa.