Alertan ante la advertencia oficial de no acatar un freno al veto presidencial a la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.
El Gobierno del presidente Javier Milei se está pasando de la raya. Enamorado de su fanático “ajuste brutal” y alentado por la irresponsabilidad de Santiago Caputo, el líder libertario elige transitar por los senderos de la abierta ilegalidad.
La amenaza de no acatar las decisiones del Congreso, provoca una fisura en la institucionalidad republicana y cuestiona la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.
Desde el Poder Ejecutivo juran que no cumplirán con la Ley de Financiamiento Universitario ante un eventual rechazo al veto por parte del Congreso.
Hacen trascender a los medios que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.
Sin embargo, lo que el Gobierno no dice es que ninguno de los gastos que la administración nacional ejecuta en 2024, estuvo efectivamente previsto en el Presupuesto General, ya que el Poder Ejecutivo decidió no formular un presupuesto para el presente ejercicio anual, sino prorrogar el de 2023 para este año.
Es por esa misma razón que la administración nacional permanentemente actualiza, amplía y reasigna partidas a través de decretos, resoluciones y decisiones administrativas durante 2024.
En este contexto, es indudable que le corresponde al Poder Ejecutivo asignar los fondos para adecuarse a las nuevas exigencias del Financiamiento Universitario.
La misma Ley 24.156 de Administración Financiera establece, en su artículo 27, inciso c) que, en caso de estar en vigencia el Presupuesto del año anterior, es el Poder Ejecutivo quien “incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”.
No acatar un eventual rechazo al veto presidencial por parte del Congreso, significaría romper la legalidad y violar la institucionalidad vigente.
La sociedad argentina no lo merece.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal