Justo a poco de haberse cumplido cuatro años de la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, acaban de presentar un proyecto para derogarla. El diputado mendocino destaca los valores de la misma incluso con datos de legislación comparada.
El 29 de octubre del 2020 la Cámara de Senadores aprobó la ley sobre la Promoción de la Alimentación Saludable, con 64 votos afirmativos, 3 negativos y cero abstenciones. El 26 de octubre del año siguiente y ya en Diputados, con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones la iniciativa se transformó en ley. Así nació la comúnmente llamada Ley de Etiquetado.
El amplio consenso conseguido se logró sobre la base del diálogo de las distintas fuerzas políticas que componen ambas cámaras, frente a la necesidad de luchar contra la malnutrición en todas sus formas, problema en continuo aumento en todo el mundo, pero de forma particularmente rápida en América Latina. Fue una forma concreta de enfrentar la pandemia de obesidad en la población, fundamentalmente la obesidad infantil; es decir que el Congreso dio respuesta a un problema real e innegable, aunque parece ahora que algunos con suma liviandad quieren darle la espalda a la salud de la población.
La ley tiene múltiples propósitos, busca mejorar la calidad de la dieta de nuestra población, brindar información más sencilla a la ciudadanía, advertir en los envoltorios de los alimentos los excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud como tales azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros. De esta manera, se prioriza los derechos del consumidor a contar con información clara, precisa y veraz. Gracias a este sistema las personas tienen herramientas para orientar mejor la alimentación familiar, siempre el poder de decisión queda en manos del consumidor; es decir que no cercenan derechos, por el contrario, se amplían.
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de muerte en el mundo. Gran parte de estas enfermedades se encuentran relacionadas con la alimentación, que en general es un factor modificable, un hábito, por lo tanto, pueden ser prevenidas o reducir su riesgo. Por eso la Ley de Etiquetado Frontal en Argentina representa un avance fundamental en la lucha por la salud pública, proporcionando a los consumidores herramientas claras para tomar decisiones informadas sobre su alimentación.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, junto a CEPEA y la carrera de Licenciatura en Nutrición de la UCA, publicaron información relevante sobre los posibles efectos que ha tenido la implementación del etiquetado frontal en el país. El mismo reveló que alrededor de la mitad de las personas encuestadas prefiere elegir una alternativa de compra, en caso de que haya disponible un producto sin sellos o con menos sellos. A su vez, la intención de compra de productos con sellos de advertencia disminuye a medida que las personas prestan atención a la información y consideran la saludabilidad del producto.
Estos comportamientos de consumo pueden ser mejorados, adaptados a una dieta más saludable y el etiquetado frontal apunta a eso, porque mejora al consumidor, pero también a la industria que debe ofrecer mejores productos.
Si bien existen algunos estudios, en el caso de Argentina aún es muy corto el periodo de tiempo en el que lleva implementada en forma efectiva la norma, por lo que aún falta rodaje para medir el impacto real de esta política; pero sí podemos citar la experiencia de otros países que llevan más tiempo con el sistema de etiquetado, por ejemplo: Chile.
Etiquetado frontal: la experiencia chilena. En un estudio presentado a mediados del año pasado sobre los efectos de equilibrio de las políticas de etiquetado de alimentos se demostró que, en ese país, a partir del etiquetado frontal, bajó el consumo de productos que se percibían como más saludables de lo que realmente eran, y la industria tuvo que modificar sus productos para hacerlos más sanos. Respecto de la demanda, el etiquetado es más eficaz cuando los consumidores tienen creencias erróneas sobre la salubridad de los productos, algo que los sellos colaboran a clarificar y alertar y dar la posibilidad de elegir.
De ese estudio también se desprende, por ejemplo, en el caso de los cereales, que muchas empresas reformularon sus producciones para adecuarse a la normativa; observando una reducción de la concentración calórica y de azúcar de los productos de cereales ofrecidos en el mercado. Dicho de una forma más simple: la industria tiene la capacidad de ofrecer alimentos más sanos y esto está bien que suceda. Es decir que generó modificaciones positivas tanto desde la oferta (adaptación de las empresas a la norma) como de la demanda (cambios en los hábitos de consumo).
En el campo de las políticas públicas, con cada avance que se realiza se abre un nuevo espacio que analizar. Aún es temprano para medir el impacto de esta política, en términos de consumo de alimentos y de prevalencia de obesidad, pero seguramente irán surgiendo datos que permitan perfeccionar la norma, no anularla sin fundamentos ni respaldo científico. Es un recurso más que se pone a disposición de la ciudadanía, y que es fundamental complementar con otras acciones tendientes a mejorar la salud de la población, como la promoción de las meriendas saludables, políticas educativas que generen hábitos de alimentación saludable, la promoción de la práctica deportiva, etc.
Estos procesos son lentos y conllevan un tiempo sustancial en lograr modificar los hábitos que se proponen, sin embargo, la experiencia comparada nos indica que vamos por un buen camino, por eso les recuerdo a aquellos que quieren adoptar medidas simplistas o que responden a la presión de la industria, que la salud comienza por la alimentación y es nuestra responsabilidad hacer que esto no sea un simple enunciado.