La oposición ya pidió una sesión para debatir sobre la emergencia nacional en discapacidad, y en vísperas de ese debate la Oficina de Presupuesto del Congreso ya cumplió con publicar un informe con el costo fiscal de esta medida.

Se trata de un pedido puntualmente formulado por los diputados nacionales a la OPC para saber sobre qué terreno transitan para cuando llegue la hora del debate.

Recordemos que la iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027.

Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores.

Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso, podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos.

Esto es porque se proyectan dos escenarios: uno de base y otro potencial de ampliación de demanda, que implican un incremento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios respectivamente. Esto representa un impacto fiscal estimado de entre 0,22% y el 0,42 del PIB, dependiendo del escenario considerado.

Se estima que entre 187 mil y 376 mil de los nuevos perceptores de la pensión no contributiva por discapacidad podrían requerir cobertura exclusiva por parte del programa. La OPC no realizó una estimación monetaria por la variabilidad en el patrón de uso de los servicios y el grado de superposición con el sistema público de salud.

En cuanto a la compensación extraordinaria para prestadores del sistema de prestaciones básicas, se calcula un gasto adicional de $277.349 millones para compensar la diferencia entre los aranceles actualizados y la evolución del índice de precios al consumidor entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Este monto representa un 0,03% del PIB.

Sobre la actualización de asignaciones para talleres protegidos de producción, la OPC estima un gasto adicional de $7.160 millones respecto al presupuesto actual, equivalente al 0,0008% del PIB.

Con relación a otros programas de la ANDIS, si bien se prevé su fortalecimiento, no se realizó una estimación cuantitativa por falta de definición sobre los montos o criterios de refuerzo.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones y aumentos presupuestarios necesarios para garantizar su implementación, sin afectar los créditos asignados a la finalidad de servicios sociales.