El jefe del interbloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, advirtió este martes que, a partir del fallo judicial contra Cristina Kirchner, “ningún presidente, gobernador o intendente quedará libre de una acción que los pueda llevar presos”. Además, durante la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, defendió el criterio de que el Parlamento ejerce el control de los demás poderes del Estado y que sus determinaciones en materia de Cuenta de Inversión tienen calidad de “cosa juzgada”.

En ese sentido, el formoseño recordó que los dos gobiernos de la expresidenta tienen aprobadas sus respectivas Cuentas de Inversión, es decir, los gastos realizados, por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) y del Congreso. Opinó entonces que, por esta razón, la llamada causa Vialidad “carece de asidero jurídico”.

A una semana de la prisión efectiva de CFK, Mayans cuestionó que los jueces de la Corte autorizaron “en una operación amañada” la reapertura de la referida causa, que ya había sido juzgada en la provincia de Santa Cruz. “La Corte dio lugar a esto y todos saben que, a partir de ahora, ningún presidente, ningún gobernador y ningún intendente quedará libre de una acción que los pueda llevar presos”, por decisiones que puedan tomar sus funcionarios, remarcó.

Tras manifestarse “partidario de que la política debe reparar esa situación”, insistió en que para los integrantes del máximo tribunal no tiene ningún valor “si la Auditoría aprobó las cuentas” de un gobierno, ni el control parlamentario de los gastos, ni se respeta el criterio de cosa juzgada a partir de lo actuado por el Poder Legislativo. “Hacen caso omiso, ellos (por los cortesanos) no ven al Congreso como un poder madre, que los parió, lo ven como un poder menor y se erigen como un poder supremo”, sostuvo.

Para el dirigente peronista, con la decisión judicial contra la exmandataria “se terminó con el sistema republicano de gobierno”. “Ya pasó con el decreto 70/2023, y, ahora, con esto terminó peor, porque cualquier presidente que no sepa lo que hizo un subordinado con una licitación, irá preso”, alertó.

Entonces, insistió: “¿Cuál es el valor que tiene un dictamen hecho por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, avalado por el Congreso, que es cosa juzgada, y que la Corte no respeta? ¿Está bien que la Corte no respete o es pasible de juicio político por no respetar al Parlamento?”.

“De esa manera, la Corte se constituye en el poder absoluto sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, determinando quién va a ir preso y quién no”, criticó.

Sobre la causa Vialidad, el senador aseguró que está “viciada de nulidad; primero, porque nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y, segundo, porque el tribunal de alzada de Comodoro Py está viciado de nulidad porque sus miembros no tienen acuerdo del Senado. Se negaron a presentarse ante el Senado para ser designados y están determinando sobre la vida y los bienes de las personas”.

“Además, con todas las arbitrariedades que han cometido contra la dos veces presidenta de la Nación, demuestran que se comportan como una Corte Suprema de facto”, lanzó Mayans y recordó que “el mismo tribunal fue auditado por la AGN, por el manejo financiero de sus fondos a través de plazos fijos bancarios y por las obras públicas, y que dicha revisión salió mal”, es decir, dio un resultado negativo. Y dijo que, en respuesta, los jueces resolvieron “sacar del medio a la Auditoría y controlarse a sí mismos”. Situación que, a su entender, los haría pasible de un juicio político.