El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) ratificó este jueves las restricciones vigentes para las visitas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. La decisión judicial generó una fuerte reacción del bloque de diputados de Unión por la Patria, que denunció una “intromisión del Poder Judicial en las facultades del Congreso” y alertó sobre un “grave precedente institucional”.

Tanto los diputados, como los senadores K habían invocado sus fueros parlamentarios, entre otros elementos, para no tener que pedir autorización para ver a  CFK.

Los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini enviaron a los abogados de la ex mandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, los escritos presentados por legisladores nacionales que solicitaron autorización para visitar a Fernández de Kirchner. En su resolución, el tribunal reiteró que las visitas deben ajustarse al régimen de arresto domiciliario previamente establecido, que limita el ingreso al domicilio a familiares, médicos, custodios y abogados.

La defensa de la ex presidenta había solicitado al tribunal que aclare el procedimiento aplicable en casos de visitas solicitadas por legisladores, argumentando que los mismos gozan de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser restringidas por resoluciones judiciales. Sin embargo, el TOF 2 ratificó que cualquier excepción al régimen vigente debe ser tramitada por los abogados defensores y autorizada expresamente por el tribunal.

La respuesta judicial motivó una dura declaración pública del bloque de Unión por la Patria, que calificó la medida como una “limitación al ejercicio de la representación parlamentaria” y una “violación al principio de división de poderes”. En el comunicado, los legisladores denunciaron que la resolución judicial “afecta directamente nuestras funciones constitucionales como representantes del pueblo argentino” y advirtieron que se trata de un nuevo episodio de “judicialización de la política”.

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento legislativo fue la denuncia de una supuesta filtración mediática de la resolución judicial, que habría sido difundida por medios como Clarín y Radio Rivadavia antes de que los abogados defensores tuvieran acceso formal al documento. “Esta situación confirma una preocupante connivencia entre sectores del aparato judicial y del sistema mediático concentrado”, afirmaron.

El bloque también cuestionó que se exija a los legisladores tramitar permisos individuales para visitar a la ex presidenta, señalando que “los legisladores no ejercen su función en carácter personal, sino como portadores de un mandato constitucional”. En ese sentido, citaron artículos de la Constitución Nacional que garantizan la autonomía funcional del Congreso y la inviolabilidad de sus miembros en el ejercicio de sus funciones.

Además, los diputados señalaron que la medida judicial vulnera tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad y su contacto con el entorno político y social.

Ante esta situación, Unión por la Patria anunció que pondrá el caso en conocimiento de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria Mundial. “No vamos a permitir que se institucionalice la persecución por vías judiciales ni que se cercene la capacidad de contacto político con una de las principales figuras del movimiento nacional y popular”, concluye el comunicado.

La controversia reaviva el debate sobre los límites entre los poderes del Estado y el rol del Poder Judicial en causas de alto voltaje político, en un contexto de creciente tensión institucional.