La eliminación de programas nacionales de vivienda expone el desinterés del Gobierno por garantizar el acceso a un techo digno. Julio Cobos advierte que el Estado nacional se desentiende de su rol constitucional, trasladando la crisis habitacional a las provincias sin brindarles herramientas ni recursos.
La política de vivienda del Gobierno nacional es un reflejo del desinterés por abordar una de las problemáticas más estructurales que enfrenta la Argentina: el acceso a la vivienda digna. A través de la reciente resolución que disuelve varios programas nacionales de vivienda como Casa Propia, Procrear y Argentina Construye, el Gobierno ha decidido trasladar una vez más sus responsabilidades a las provincias, dejándolas solas frente a un déficit habitacional creciente. Esta es la metodología del Estado ausente y en este caso el daño no se limita a la infraestructura de rutas con el abandono de la obra pública, sino que ahora también recae sobre los estados provinciales y deja al desamparo a millones de argentinos que, día tras día, luchan por acceder a un techo propio.
La decisión de eliminar programas de vivienda es un golpe a la clase media y los sectores más vulnerables, y también una muestra más de la decisión de este gobierno de no afrontar sus responsabilidades constitucionales. La vivienda, como derecho fundamental, es una obligación del Estado, sin embargo, esta administración ha decidido abandonar el terreno que le corresponde trasladando la carga a los gobiernos provinciales y municipales, sin brindarles el apoyo necesario.
El déficit habitacional en Argentina es una realidad que no podemos ignorar. Según el último censo alcanza a aproximadamente 3,24 millones de hogares y la brecha entre la oferta y la demanda de viviendas crece cada año, y la política del Gobierno no hace más que empeorarla. La falta de acceso a la vivienda digna limita la posibilidad de muchas familias de vivir de manera adecuada, e impide el desarrollo social, educativo y económico de los niños y jóvenes que crecen en condiciones precarias. El Estado tiene la responsabilidad de garantizarles a estas familias las condiciones necesarias para que sus hijos puedan desarrollarse, estudiar y crecer en un ambiente adecuado. Sin embargo, el Gobierno actual ha elegido abandonar este mandato.
En lugar de fortalecer el federalismo, el gobierno nacional actúa como un obstáculo para el desarrollo de las provincias, dejando de lado una política habitacional nacional coherente, sustentable y con incentivos para el acceso a la primera vivienda. Para colmo y cómo sucede con los ATN y el impuesto a los combustibles, el Ejecutivo retiene los fondos que corresponden legítimamente a las provincias, lo que agrava aún más la situación.
La eliminación de programas como Casa Propia, Procrear, y Argentina Construye deja al Estado con pocas herramientas para resolver este problema. Lo único que ofrece el gobierno nacional son créditos UVA y UVI, que aunque pueden ser un complemento, no son suficientes ni adecuados para cubrir las necesidades de millones de argentinos.
En este contexto, y si bien han aumentado la cantidad de créditos UVA otorgados, la inflación por arriba de los salarios y las altas tasas de interés hacen que prácticamente sea imposible que muchas familias puedan acceder a una vivienda propia. A pesar de los esfuerzos en el Congreso para revertir esta situación y la sanción que logramos en Diputados y luego no trató el Senado, el gobierno se ha negado a avanzar con las soluciones necesarias como por ejemplo la creación de un mecanismo de protección para los deudores.
Por otro lado, los créditos UVI que el Gobierno ofrece a las provincias no resuelven el problema real de la vivienda, ya que los costos de la construcción, dolarizados por la inflación, hacen que estos se vuelvan inaccesibles para la mayoría de las familias. Hoy, construir cuesta el doble en dólares que hace un año y medio atrás y ya hay muchos proyectos que se frenan o se atrasan por esta situación. Este modelo no es una solución, sino una medida paliativa que deja a las provincias a merced de una crisis habitacional que no pueden enfrentar sin la ayuda del Gobierno nacional.
La solución habitacional no puede depender de la improvisación y la transferencia de responsabilidades. Es necesario que el Estado Nacional asuma su rol y que se garanticen los recursos para que todas las familias argentinas, sin importar su condición social, puedan acceder a una vivienda digna.
Finalmente, en esta época de elecciones, seguramente el déficit habitacional sea tema de agenda. En ese marco, es una buena oportunidad para que los candidatos a ocupar una banca en el Congreso -más allá del espacio político que representen- realicen propuestas claras, sólidas y concretas, que nos permitan salir de este escenario tan complejo en el que nos encontramos, y asuman un compromiso claro para garantizar que los argentinos puedan tener el hogar que merecen.