La Cámara alta debate desde este mediodía el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre sus principales puntos, la ley prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

El primero en tomar la palabra fue el senador pampeano Daniel Bensusan (UP), quien refirió que leyendo los argumentos del veto presidencial podía resumirse que Javier Milei lo vetó “fundamentando que afectaría y rompería el equilibrioi fiscal y tantas otras mentiras como ya nos tienen acostumbrados. En definitiva, el veto se basa en el famoso ahorro de Sturzenegger y Caputo”.

“El famoso ahorro es una gran mentira, porque con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, la obra pública… se roban los fondos de las provincias”, señaló Bensusán, para preguntarse luego “cuál es el sentido de ese ahorro que nos pretende vender el presidente”. “Hay cinco millones de personas con discapacidad, un 10% de la población –continuó-. ¿Qué se vetó? Que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión, el 70% de la mínima; un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad, y rechazó de manera brutal, inmoral, perdiendo la creencia de los argentinos que a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso hacemos mal al país, comprometemos el futuro de generaciones…”.

Y sintetizó: “Ese gasto es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden, o quede condenada al olvido; la diferencia en que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo, o quede condenada a la exclusión. Si el Estado, para ahorrar, necesita maltratar a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”.

A continuación, también desde UP la entrerriana Stefanía Cora recordó que un reproche que constantemente se hace es que en la gestión kirchnerista se haya elevado sustancialmente el número de discapacitados sin haber tenido una guerra. “Ignoran la materia que gobiernan. No es lo mismo hablar de personas con discapacidad y pensiones, no es lo mismo”, aclaró, señalando que “la Argentina desde 2003 en adelante asumió un compromiso con que la Convención de Personas con Discapacidad tenga un rango constitucional. Dimimos que el Estado los iba a mirar de frente y los iba a incluir”, lo que lo llevó a dar como primera reflexión que “son ignorantes”.

Recordó Cora que el eyectado titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo había preguntado porqué debía él pagar peaje y los discapacitados no. “Parece que el peaje lo tenía que poner en otro lado…”, señaló con ironía, y agregó: “No era eso lo que le preocupaba, sino el peaje que le pedía la hermana del presidente”.

A continuación, la santacruceña Natalia Gadano anticipó su voto negativo porque “no se puede vetar la dignidad, no se puede vetar la igualdad, y no se puede vetar los derechos de personas con discapacidad”. Advirtió que “un gobierno que le da la espalda a las personas más vulnerables deja de ser libre, deja de ser justo y deja de ser Nación. No puede aceptarse un equilibrio fiscal a costa de quienes más lo necesitan. Un equilibrio fiscal que nos deja a la intemperie: sin salud para los niños, sin escuelas, sin rutas seguras, ¿a costa de qué? ¿Cuál es el fin de tener una cuentas ordenadas, sabiendo que quienes pagan eso son los que más lo necesitan?”.

Así las cosas, Gadano le reclamó al presidente Milei “que gobierne para todos los argentinos, con los argentinos adentro”.

“Esto no es eficiencia, esto es crueldad; no es ahorro, es injusticia”, dijo el catamarqueño Guillermo Andrada al anticipar su rechazo al veto, lo mismo que el radical fueguino Pablo Daniel Blanco, quien le dijo al presidente que “en Argentina no solamente hay un déficit fiscal, sino un déficit social. El ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”.

La rionegrina Mónica Silva adelantó también su voto contra el veto, advirtiendo que “estamos compelidos a actuar, ante la liviandad con la que el Poder Ejecutivo usa el recurso del veto”. Y aclaró que no era esa ley “un instrumento administrativo, sino una herramienta que garantiza a las personas con discapacidad seguir recibiendo las terapias y asistencia para la vida diaria. Sin esto quedan sin la posibilidad de vivir una vida digna”.

La senadora Silva mostrando uno de los pedidos que les llegaron a los senadores.

A continuación la tucumana Beatriz Ávila recordó que esta ley fue aprobada “con amplio consenso” y advirtió que “este veto no es un simple acto administrativo, es un retroceso. La discapacidad no se veta, señor presidente”.

Recordó que los discapacitados “no están pidiendo privilegios, sino lo que les corresponde. Reclaman que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución nacional en el artículo 75, y a lo largo y ancho del país están viéndonos para que rechacemos este veto presidencial”.

La de Carmen Alvarez Rivero fue la primera en respaldar en el recinto el veto presidencial. Ya se sabía que lo haría: lo había anticipado al votar junto a Francisco Paoltroni y los seis senadores de La Libertad Avanza en contra de habilitar el tratamiento del tema. Pero, por si hacía falta, fundamentó su postura durante el debate.

Arrancó con los tacos de punta: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?”, les preguntó a sus pares. La senadora remarcó que “en Argentina ya existe una ley de discapacidad, que se entiende como un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, y que inclusive esa ley fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad”. En ese sentido, sostuvo que “no necesitamos otra ley, ni declarar emergencias… Necesitamos gestión”.

Tras reiterar su postura respecto al tratamiento en cuestión, el senador porteño Martín Lousteau hizo referencias a la versión que dio el Gobierno nacional respecto a los certificados de discapacidad irregulares e indicó que “si consultan con expertos van a encontrar formas de depurar la base de datos para detectar fraude, ajustar sin lastimar gente y poder aumentar las pensiones por discapacidad”.

A su turno, la larretista Guadalupe Tagliaferri manifestó que "la libertad no es abandonar a los argentinos a la buena de Dios; no es dejar solas a las personas con discapacidad". Al subrayar que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con jerarquía constitucional, indicó que "en nuestro país debemos garantizar eliminar las barreras que existan para que las personas con discapacidad ejerzan libremente su vida. Nuevamente la libertad".

"¿Hay que auditar las pensiones? Sí, claramente. Pero no con la motosierra, hay que hacerlo con humanidad, con gestión", opinó y lanzó: "Pareciera ser que la motosierra y el recorte en la Agencia no era para hacer eficiente el gasto, era para que la coima quedara adentro".

En ese sentido, la porteña dijo que "si se confirma todo lo que se está sospechando es un escándalo enorme, de un Gobierno que dice que no tiene plata para las terapias pero sí para las coimas. No solamente es inmoral, sino criminal". Y aseguró que cuando le pregunten "de dónde sale la plata" para financiar esta ley, responderá: "Sale del sobreprecio y la coima".

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