Los legisladores le solicitaron al Gobierno de la Ciudad que de detalles sobre el trabajo que se viene realizando en los barrios Rodrigo Bueno, Barrio Playón de Chacarita, Barrio Padre Mugica y Barrio Villa 20.
Con la intención de garantizar el acceso a la vivienda digna, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobaron este jueves un proyecto de resolución mediante el cual le exigen al Gobierno porteño que de detalles acerca de los procesos de reurbanización de los barrios Rodrigo Bueno, Barrio Playón de Chacarita, Barrio Padre Mugica y Barrio Villa 20.
De esta manera, los legisladores buscarán conocer la cantidad de viviendas que se estuvieron construyendo durante agosto y las que se finalizaron en 2024; las que se realizaron en 2023; cuantas propiedades ya fueron adjudicadas, así como también los tipos de titularización o formas jurídicas de dominio de las viviendas entregadas; entre otros puntos.
También prevén conocer las obras previstas para este año y en qué plazos se ejecutarán; la asignación y ejecución presupuestaria de las mismas; y cuál es la población beneficiaria total por cada proyecto de urbanización y si se modificó la misma desde el año de impulso de cada ley de urbanización hasta la actualidad.
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados aseveraron que “el problema habitacional en la Argentina es un tema fundamental a resolver a fin de dotar de dignidad a las personas y dar cumplimiento efectivo a los derechos establecidos constitucionalmente” y consideraron que “generar herramientas para dar solución al problema habitacional constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la pobreza en nuestro país. Para ello, necesariamente requiere de la intervención estatal de forma inmediata”.
“Han pasado ya varios años desde las sanciones de cada una de las leyes de reurbanización de los barrios aquí incluídos, y sin embargo los procesos de urbanización están aún a medio camino. El objetivo del presente pedido de informes es comprender el estado de situación de las obras y del proceso en su conjunto para evaluar en qué medida se está cumpliendo con la normativa vigente”, sentenciaron.