Contra la voluntad del oficialismo, la Cámara baja aprobó este miércoles la designación de la terna propuesta para encabezar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Fue aprobada por la Cámara baja la designación de María Paz Bertero para estar al frente de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así lo dispuso el pleno del Cuerpo por 156 votos positivos, 44 negativos y 6 abstenciones. Junto a Bertero fueron avaladas las designaciones de Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos.
La propuesta emanada de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que preside la radical jujeña Natalia Sarapura era vivamente rechazada por La Libertad Avanza, que cuestionó precisamente en el seno de esa comisión no solo el concurso público realizado, al que atribuyó una serie de gruesas irregularidades, sino también la militancia de género de María Paz Bertero, quien ocupará el cargo que dejó Marisa Graham, la primera defensora designada, quien fue precisamente eyectada de esas funciones a instancias del oficialismo, que la consideró siempre “muy verde”, y no precisamente porque no tuviera experiencia, sino por su postura a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
Abrió el debate la titular de la comisión bicameral, la radical Natalia Sarapura, explicó que la Ley 26.061 en sus artículos 47 al 61 establece la creación de una Defensoría y una bicameral encargada de designar por concurso las autoridades. “Lamentablemente el Congreso, por una situación de incumplimiento del Senado no pudo convocar la bicameral y no se pudo hacer el concurso dentro de los 180 días previos a la finalización del mandato. Muchos diputados tuvimos la gestión para esa constitución y no lo hemos logrado”, criticó.
Desde el 6 de marzo que se constituyó la bicameral “trabajamos sin pausa, con compromiso, convicción y ejercicio democrático. Todas las resoluciones se tomaron con debate, con consenso y con el acompañamiento de todas las fuerzas”.
“Había legisladores que no querían hacer el concurso y querían delegarles la responsabilidad a los presidentes de las cámaras, pero hubo diputados que reforzamos la tarea del Congreso. Desde el primer momento hubo una vocación de estar en contra de la Ley 26.061 y de lo que reivindican, siempre plantearon designar al defensor de otra manera”, denunció.
Sarapura apuntó contra el oficialismo porque “no nos dieron la oportunidad de mejorar el sistema de selección, no convocaron a la bicameral, tiene la responsabilidad de no convocar desde el Senado y era decisión del Ejecutivo. Juegan a no tener las instituciones contralor y cuando se utilizan las reglas que existen, las cuestionan porque lo que son es antidemocráticos y ensucian los procesos”.
“Nosotros respetamos ese reglamento que establece 10% para antecedentes establece un examen anónimo y establece un criterio para ese examen que vale el 40%”, explicó y disparó: “Si tenían candidatos que no lo pasó, no tengo la culpa si los candidatos que pasaron son de una afinidad política u otra, no es mi responsabilidad. En todo caso mandarlo a estudiar a sus candidatos si están preocupados por la gente que llegó”.
La radical siguió: “Me causa gracia que sean los diputados de LLA los que cuestionen, no solo propusieron trabajar una terna, los diputados también votaron ternas que no consiguieron la mayoría lamentablemente. Cuando quieren se suman a la propuesta y cuando pierden la cuestionan. Usted conduce esta cámara presidente, debería preocuparse por la calidad institucional y no permitir que cuando no presiden una comisión cuando no logran lo que quieren, buscan ensuciar el trabajo de otros legisladores”.
De la vereda de enfrente, el libertario Nicolás Mayoraz salió con los tapones de punta a acusar: “Acá hablan de institucionalidad y quieren hacer callar a la gente y no la quieren dejar hablar. Tengo todo el derecho de hablar. Las mentiras que acaba de decir la señora que me precedió en el uso de la palabra es alevoso”.
“Dice que conoce la ley y la ignora. Dicen que están eligiendo a los 3 candidatos por una excepción. Se creen que están en condiciones de violar la ley por la excepcionalidad de proponerlos, nunca escuché semejante cosa, se creen que están por encima de la ley. Es inaceptable”, disparó.
Mayoraz denunció que “hubo muchísimas irregularidades en el proceso. Pude ver los exámenes gracias a otra diputada porque no me los dejaban ver. Hay un fallo que establece que no se pueden ocultar los exámenes y esta señora los sigue ocultando. Hay concursantes que no han podido verlos. Cuando los vi encontré un montón de irregularidades y mal corregidos”.
“Este señor Robledo que pusieron en segundo lugar está entre los cuatro últimos de puntaje y es el propuesto por la UCR. Le recomendaría que más bien mande a estudiar a sus candidatos porque salen últimos en los exámenes escritos”, cuestionó.
El santafecino siguió: “La otra payasada es la ponderación final que se hizo en menos de dos horas y no lo vieron todos los miembros de la comisión. La presidenta de la bicameral se piensa que está por encima de todos. Esta señora que reclama transparencia me negó ver la puntuación de otros miembros y o casualidad el señor Robledo quedó primero en el orden de mérito al que van a elegir ustedes ilegalmente”.
“Ustedes 15 días antes tenían el nombre, les pedí que no le tomen el pelo a la gente. No me vengan con que fueron serios porque fue una vergüenza”, lanzó.
La Defensoría del Menor en Argentina cumple un rol fundamental en la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas incapaces. Su función está regulada principalmente por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y se articula con el sistema judicial y otras instituciones públicas.
La Defensoría actúa para garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas nacionales e internacionales.
Participa en procesos judiciales en los que estén involucrados menores o personas incapaces, como en casos de custodia, adopción, abuso, negligencia o conflictos familiares. Asimismo brinda orientación jurídica a menores en situación de vulnerabilidad, ayudándolos a comprender y ejercer sus derechos.
Este organismo monitorea el respeto y la restitución de derechos por parte del Estado y la sociedad, y puede exigir el cumplimiento de políticas públicas y servicios esenciales.
Realiza campañas educativas y trabaja con instituciones como escuelas, hospitales y ONGs para fomentar el conocimiento y respeto de los derechos de la infancia. También puede iniciar demandas judiciales para proteger derechos vulnerados, tanto en casos individuales como colectivos.
Por último, colabora con defensorías provinciales, organizaciones sociales, clubes, iglesias y otros actores territoriales para construir redes de protección.