El grueso de la oposición -los bloques Unión por la Patria y la mayoría de Encuentro Federal y Democracia para Siempre- se alzaron este martes con un dictamen de mayoría (29 firmas) en comisiones de la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Además, en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento -que fue emplazado la semana pasada- hubo un dictamen de rechazo del oficialismo y sus aliados del Pro (19 firmas), y otro de minoría (7 firmas) impulsado por un sector minoritario de DpS y EF, el cual solamente habla de interpelación y no menciona la moción de censura.

El texto del dictamen de mayoría prevé la citación de Francos “a los efectos de ser interpelado por la decisión de suspender la ejecución de la Ley 27.793 de emergencia en materia de discapacidad, dejándose establecido que la moción de censura será decidida por la Honorable Cámara en la misma sesión, una vez terminada la interpelación”.

Defensor de ese texto, el diputado Oscar Agost Carreño (EF) explicó que la idea es “primero, interpelar; que explique los motivos, las razones y las circunstancias por las cuales decidió no cumplir con una ley”. Y, en segundo término, “proceder al voto si se tiene confianza o no en el Congreso respecto de las respuestas que ha dado, y si las explicaciones brindaron la confianza necesaria”. “Esa es la censura, no es otra cosa. Si hubiéramos querido avanzar con la remoción, también el (artículo) 101 (de la Constitución) nos permitía presentar proyectos en ese sentido”, aclaró, alejando la chance de una eventual remoción.

La segunda parte del artículo 101 de la Constitución indica que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

Agost Carreño planteó que este proceder “no es por una cuestión personal”, sino que “la Constitución dice que es el administrador y quien tiene que reasignar partidas”, pero “firmó un decreto en el que dijo que no va a cumplir la ley, por lo tanto, nos toca reclamarle a él”. “Estamos buscando interpelarlo, que dé las explicaciones y después analizar la confianza a través de la votación o no de censura”, insistió.

El pasado 22 de septiembre, tras la caída del veto en el Congreso, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le pidió al Poder Legislativo que establezca su fuente de financiamiento y que, hasta tanto, estará suspendida su ejecución.

El legislador de EF recordó que “el Gobierno ha hecho lo suficiente para que no haya presupuesto” y “los montos de 2023 son absolutamente irrisorios”, con lo cual es “imposible de hacer” lo pedido por el Poder Ejecutivo. “Ellos no dicen tampoco de dónde salen los fondos cuando bajan las retenciones a la minería o cuando les suben los montos a los espías por DNU”, lanzó y agregó: “No podemos no hacer nada como Congreso cuando no se cumple una ley. La excusa es que no hay plata cuando vemos que hay plata para muchas cosas”.

Oscar Agost Carreño 

Autor del proyecto que originó la ley, el diputado Daniel Arroyo (UP) advirtió que “la situación de las personas con discapacidad y sus familias está colapsada”. “La persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes sin ninguna actualización del nomenclador, trabaja 4 horas por día. El acompañante terapéutico sigue cobrando 3 mil pesos la hora a 180 días. El transportista sigue cobrando 541 pesos el kilómetro, cuando la nafta sólo en el último mes aumentó cinco veces”, enumeró.

“El Gobierno hizo algo inédito: la promulgó en su artículo 1, y en el artículo 2 decidió suspender su puesta en marcha por decir que no especificaba la ley de dónde se sacan los recursos. Estamos ante un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias. El Gobierno hace dos años que tiene presupuesto prorrogado, todo el tiempo saca partidas de un lado y compensa en el otro”, enfatizó.

Tras recordar el camino de la ley, votada en cuatro oportunidades por más de dos tercios de ambas cámaras, el legislador rechazó que, respecto al colectivo de personas con discapacidad, el Gobierno “dice permanentemente cosas que no son ciertas; se han dicho números absurdos sobre auditorías que no terminaron siendo ciertas; se decidió estigmatizar y lastimar a las personas con discapacidad y sus familias, con el único objetivo de recortar”. “Hay inconstitucionalidad, crueldad e ignorancia sobre lo que se está haciendo”, completó.

A su turno, Pablo Juliano (DpS) recordó que “en la misma ley le estamos diciendo lo que tiene que hacer, lo estamos facultando” al jefe de Gabinete, sin embargo, decidió “suspender” la ejecución de la ley, en lo que representa “un ejemplo cabal de la arbitrariedad” y una “legalidad selectiva” del Gobierno, en la que cual le “preocupan algunos artículos de la Ley de Administración Financiera”.

“No nos queremos subir a la carroza de la censura, no queremos darle de comer a un Gobierno tan sensible y tan débil. Y como no andamos con ganas de ser golpistas y de ser maltratados nuevamente por el Gobierno, lo que le estamos pidiendo, quizás le estamos pidiendo un milagro, es que agarre la ley, que mire el artículo 19 y que destine las partidas de un presupuesto autoprorrogado”, sostuvo el jefe de Democracia para Siempre.

Rodrigo de Loredo (UCR) consideró que “la figura de la censura aplicada en esta ocasión” le parece “un hecho desproporcionado, efectista, que desestabiliza y poco contribuye a que la marcha del Gobierno o la Argentina mejore en algún sentido”.

A su vez, el cordobés dijo que “lo que hizo el Gobierno con esta chicana promulgatoria es grave desde el punto de vista institucional” y “le va a traer aparejado consecuencias judiciales”. Sin embargo, “no estamos de acuerdo con la desproporcionalidad que sería expulsarlo” a Francos, insistió.

Finalmente, el presidente de la bancada de la UCR advirtió al oficialismo de que “no se les ocurra volver a aplicar esta idea con otras leyes, como la universitaria o la del Garrahan, porque no van a hacer más que deteriorar una fragilidad política que tiene el Gobierno”.

Aliada de LLA, la bullrichista Silvana Giudici (Pro) señaló que “el instituto de la moción de censura no solo en este caso es desproporcionado, sino que además no está reglamentado”, y mencionó distintos proyectos que se presentaron desde 2003 para reglamentarlo. Además, indicó esta figura “nunca había querido utilizarse por las mayorías anteriores”. “Cuando se aplica con desmesura, desproporcionadamente o para ejercer un control político, lo que está generando es un intento de desestabilización”, denunció.

En el cierre, la oficialista Nadia Márquez (LLA) afirmó que la moción de censura “es un mecanismo excepcional de control político” que se aplica “si el funcionario excede facultades constitucionales o si viola de forma manifiesta la ley”. “No hubo una decisión personal del ministro de suspenderla, acá hay un incumplimiento de la propia ley que no establece cuál es la forma de financiamiento”, defendió.

En esta línea, la neuquina dijo que “no se suspende la ley, es la propia Ley 24.629 la que la suspende, y al jefe de Gabinete lo que le corresponde es cumplir con la ley”. “La moción de censura no es si me das confianza o no me das confianza, es si está actuando conforme a derecho”, respondió al argumento de Agost Carreño.