El proyecto de ley fue impulsado por el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien señaló que “la magnitud y transversalidad de estas reformas exige un espacio institucional de diálogo parlamentario federal, donde diputados y senadores puedan trabajar en conjunto”.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño del bloque Encuentro Federal presentó un proyecto de ley que propone la creación de una comisión bicameral que elabore en el plazo de 180 días los principales lineamientos de una reforma laboral, previsional, fiscal, y, además, una modifiación a la Ley de Coparticipación Federal.
“La Comisión tendrá por finalidad redactar los anteproyectos de Ley y elevarlos a consideración del Congreso junto con sus respectivos dictámenes”, quien además se refirió a los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo: “Justo hoy vuelve a estar en agenda el tema, a partir de las declaraciones del ministro, por lo que tal vez sea de su interés”.
La propuesta del cordobés menciona a una comisión bicameral integrada por 32 legisladores (16 de cada cámara) que serán designados por los titulares de cada cuerpo, pero respetando la proporcionalidad de las bancadas y un criterio de representación federal. La misma tendrá un presidente, dos vicepresidentes y un secretario.
El plazo será de 180 días (seis meses) para elevar sus dictámenes, pudiendo ser prorrogado por única vez por otros 90 días, mediante resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras. Una vez que el tratamiento de las reformas esté listo, la bicameral será disuelta.
“La Argentina enfrenta una triple crisis estructural: un sistema laboral que no logra generar empleo formal en el sector privado; un régimen previsional crecientemente deficitario e inequitativo; y una estructura tributaria compleja, ineficiente y regresiva, que desalienta la inversión y fragmenta la competitividad regional”, explicó Agost Carreño.
Luego, agregó esto se suma a “la necesidad impostergable de una nueva Ley de Coparticipación Federal, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, que garantice una distribución más justa y transparente de los recursos entre la Nación y las provincias”. “La magnitud y transversalidad de estas reformas exige un espacio institucional de diálogo parlamentario federal, donde diputados y senadores puedan trabajar en conjunto, con el aporte de especialistas, universidades, organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil”, concluyó.