El pedido de informes fue impulsado por Mónica Fein y Esteban Paulón, y apunta a conocer los cargos ocupados por el secretario de Políticas Universitarias de la Nación. La semana que viene deberá venir a Diputados a exponer sobre la ley de Presupuesto 2026.
Los diputados santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un pedido de informes ante el Poder Ejecutivo de la Nación para conocer la situación funcional, académica y laboral de Alejandro Ciro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias. Desde el espacio socialista mencionaron la posible existencia de incompatibilidades por acumulación de cargos, percepción simultánea de haberes públicos y posibles incumplimientos a la Ley de Ética Pública (25.188).
La presentación del proyecto de resolución se da en la antesala a la presentación del funcionario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender el texto de la “ley de leyes” el próximo miércoles 29 de octubre a las 14.30. Asimismo, el Gobierno nacional promulgó, pero sin aplicación la Ley de Financiamiento Universitario insistida por el Congreso de la Nación con más de los dos tercios en ambas cámaras.
Así las cosas, la iniciativa exige información detallada respecto a los cargos ocupados por Álvarez en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA); exigen saber si actualmente se encuentra con licencia, especificando tipo de licencia, fecha de otorgamiento, normativa aplicable y efectos sobre la percepción de haberes; y conocer si ha percibido remuneraciones de dichas instituciones durante los años 2024 y 2025.
Por otro lado, le exigen al Ejecutivo que indique si Álvarez ha mantenido vínculos laborales o contractuales vigentes con el Senado, especificando si continúa revistando en planta permanente, si ha solicitado licencia por cargo de mayor jerarquía, o en qué carácter y bajo qué condiciones con o sin goce de haberes. También solicitaron información respecto a cuáles son los ingresos actuales y las fuentes de remuneración del funcionario.
En otro ítem, pidieron que se detalle sobre si tomó intervención la Oficina Anticorrupción (OA), la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) o la Procuración del Tesoro de la Nación en la evaluación de eventuales incompatibilidades por acumulación de cargos y posible vulneración de los deberes y pautas de comportamiento ético, y, en particular, acerca de toda denuncia o expediente que hubiera tramitado con posterioridad a la designación de Álvarez en el marco del ejercicio de las funciones, remita los dictámenes o actuaciones producidas.
Por su labor en la UNLaM, la UBA y el Senado, Paulón y Fein señalaron que Alejandro Álvarez
“hasta 2023 percibía al menos tres remuneraciones provenientes del Estado nacional”. “La normativa vigente prohíbe la acumulación de cargos públicos remunerados, salvo en los casos expresamente exceptuados y bajo estrictas condiciones: ausencia de superposición horaria, cumplimiento íntegro de los horarios oficiales y límite máximo de 10 horas diarias de labor. Además, las excepciones son excluyentes entre sí”, señalaron.