La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda, repudió “profundamente” las palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizadas este lunes, en tanto “las mismas resultan extremadamente peligrosas y violatorias de todas las garantías constitucionales vigentes en nuestro país, dado que resulta absurdo y falso sostener que las fuerzas de Seguridad poseen ‘el derecho de disponer de la vida de los ciudadanos’ por el simple hecho de que crean que los mismos estén cometiendo un delito”.

Por otro lado, Donda manifestó que “resulta inadmisible que Patricia Bullrich, la máxima autoridad en temas de seguridad, desconozca que los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad que ella misma conduce en ningún caso autorizan la utilización de armas de fuego con características letales como regla. Por el contrario, las armas se deben utilizar siempre como último recurso, en circunstancias excepcionales y bajo un estricto criterio de necesidad”.

La diputada de Libres del Sur agregó: “Es inaceptable que la ministra de Seguridad de la Nación manifieste abiertamente que la cartera que ella conduce no deba investigar ni probar el accionar de sus efectivos a cargo. Aquí nos encontramos frente a una persona fallecida presuntamente por haber recibido un disparo mientras huía montaña arriba de la persecución policial. Ante hechos como los ocurridos, las instituciones democráticas es cuando más deben controlar e investigar el accionar de las fuerzas de seguridad y nunca justificar su accionar de antemano, puesto que ello genera un peligroso antecedente para el resto de las fuerzas a su cargo”.

Finalmente, la legisladora expresó: “El único camino posible es la investigación seria, profunda y eficaz del hecho que culminó con la muerte de Nahuel, a fin de establecer las responsabilidades que correspondan. Para lograrlo, resulta un obstáculo insalvable la justificación temprana, apresurada e infundada del accionar de las fuerzas de seguridad por parte de las autoridades del gobierno nacional. Esto constituye una clara muestra de menosprecio por la vida de ciudadanos a quienes debe protección. Del mismo modo me preocupan los dichos de la vicepresidente de la Nación Gabriela Michetti, quien demuestra, apoyando los dichos de la ministra, que ésta fue una decisión del Poder Ejecutivo en su conjunto, que pone en jaque directamente el Estado de Derecho”.