Por Pablo Riveros

Aunque parezca un tema abstracto y lejano a la vida cotidiana de los argentinos, la cuestión de los humedales es de suma importancia. Estos ecosistemas, que involucran cerca del 21 por ciento del territorio argentino, ayudan a mitigar el impacto de las inundaciones; y en caso de sequía, constituyen un reservorio muy preciado tanto de agua como de biodiversidad.

“Con la urbanización de estas áreas, como sucedió en Tigre o en Luján, agravamos la situación de las inundaciones porque destruimos zonas donde se descarga el agua”, observó con preocupación el diputado nacional Juan Carlos Villagonga (Unión Pro) a Semanario Parlamentario.

El exdirector de Greenpeace habló con este medio sobre el proyecto que prepara para proteger los humedales luego de que perdiera estado parlamentario la iniciativa con media sanción del Senado y, atento a la coyuntura, dio su opinión sobre el tema de la minería.

– ¿Por qué es importante una ley que proteja los humedales?

– Además de ser sitios con mucha biodiversidad, con vegetación y fauna, los humedales cumplen una función hídrica muy importante: son capaces de almacenar grandes cantidades de agua y de esa manera alivian los caudales cuando se produce la crecida de los ríos. ¿Porque hay que protegerlos? Porque muchas actividades están avanzando sobre ellos: arroceras, agrícolas, ganaderas o intervenciones severas como la urbanización de estas áreas como sucedió en Tigre o en Luján. Entonces, cuando destruimos humedales agravamos la situación de las inundaciones porque destruimos zonas donde se descarga el agua.

– ¿Qué propone el proyecto de ley que va a presentar?

– Va a establecer criterios similares a los de la Ley de Bosques. En primer lugar, hace falta un inventario y un ordenamiento de los humedales y nuestro proyecto, a diferencia del que tuvo media sanción del Senado, acorta los tiempos para hacerlo. Van a haber tres categorías para clasificar a los humedales. La primera refiere a humedales de máxima protección por su alto valor de biodiversidad o por su carácter estratégico en términos hídricos. Allí no puede haber intervención más allá de turismo. La segunda categoría contempla actividades productivas que no alteren el funcionamiento, el régimen hídrico, del humedal, como la pesca; no hay vuelco de contaminantes. La tercera categoría sí contempla intervenciones urbanas y productivas. Las provincias van a poder definir qué tipo de intervención pueden tener los humedales. Esto, al igual que la Ley de Bosques, es a través de un proceso participativo con ONGs, academias, el sector productivo, y finaliza con el mapeo y aprobación por parte de la Legislatura provincial. También se contemplan sanciones para quienes realicen intervenciones por fuera de este ordenamiento.

– ¿Está satisfecho con la aplicación de la Ley de Bosques?

– Yo creo que no ha fallado la ley sino la aplicación: la administración de la ejecución y la dotación de fondos por parte de Nación y provincias. Primero, Nación nunca aportó al Fondo (Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos) lo que la ley dice; apenas aportó un 10 por ciento. Segundo, algunos de esos fondos fueron para otros fines. Tercero, ha sido dificultoso el acceso de las provincias a esos fondos. Cuarto, las provincias tuvieron dificultades para rendir cuentas de los fondos recibidos. Esto generó muchísimo conflicto y dificultades. Añado que hubo provincias como Salta que durante el año pasado tuvieron intenciones de reformular sus ordenamos de manera regresiva; de bajarle la categoría a algunos humedales.

– ¿Qué precauciones toma en su proyecto para que no suceda lo mismo con los humedales?

– Prohibir la regresividad; que le bajen la categoría a una zona. De todas maneras hay algo claro: por ley no podés garantizar una buena gestión. Si después el Gobierno no da los fondos y establece sistema engorroso o discrecional, eso es política y no lo resuelve el texto de una ley.

Lo estamos trabajando junto con el ministerio, y mi despacho, y el bloque. El proyecto toma la posta de lo que viene recorriéndose en el Congreso, que tuvo media sanción en el Senado. Retomamos eso, tomamos esos textos, lo estamos mejorando, dando más precisión en algunos conceptos: responsabilidades de Nación y provincias. La idea es definir el proyecto final para presentarlo en marzo.

La cuestión minera

– El Gobierno recibió muchas críticas por la quita de retenciones a la minería, un sector muy cuestionado por los pocos impuestos que paga y por su impacto ambiental. ¿Qué opina al respecto?

– Hay que distinguir dos temas. La baja de las retenciones se vincula con que los precios internacionales de prácticamente la totalidad de las commodities hoy están con precios bajos; es un fenómeno global. Pasó con el petrolero y con las exportaciones agrícolas. Las retenciones son herramientas para regular esos altibajos y para que no se generen ganancias extraordinarias; un impuesto transitorio en función de la evolución de los precios. Esto no tiene nada que ver con la regulación ambiental, que cuenta con leyes específicas como Ley de Glaciares. Cuando se produjo el derrame de cianuro en San Juan, había retenciones. No podemos transformar las retenciones en herramienta de premios y castigos por desempeño ambiental de una empresa. Eso tiene que ser por otro tipo de instrumentos.

– Elisa Carrió dijo: “A una actividad con baja capacidad de generación de puestos de trabajo y alto impacto ambiental, no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable”.

– Creo que es un error darle ese significado a las retenciones porque hoy tenés un problema estrictamente económico. El Estado deja de percibir fondos pero también hay una baja en el empleo en San Juan, una baja en la actividad que repercute en la economía regional. Es lo que pasa en Comodoro Rivadavia con el petróleo, con miles de trabajadores suspendidos. Eso es un polvorín. Ahí el Estado tiene que dar subsidios para sostener la actividad petrolera. Ahí subsidias el empleo por una situación transitoria que tiene que ver con baja de precio internacional. Ahora, yo creo que subsiste una mirada de que las retenciones son un premio o un castigo. Y lo que está faltando es un radical cambio en la actitud del Estado para controlar la actividad minera.

– Hay proyectos de ley para prohibir la minería a cielo abierto o el fracking [técnica para extraer gas o petróleo usando grandes cantidades de agua]. Hay provincias que ya lo hicieron, como Córdoba ¿Está de acuerdo?

– Puede haber medidas muy estrictas de regulación que definan qué tipos de metales se pueden extraer y cuáles no. Lo que es difícil es la prohibición total. No existe eso. No creo que el Estado nacional le pueda prohibir algo así a las provincias. Tampoco veo con mucha razonabilidad la minería de galería, que se sigue realizando en el país. La gran deuda es la no aplicación de la Ley de Glaciares; ahí se solucionan unos cuantos líos: no están terminados los inventarios y que cada provincia realice sus proyectos en función del inventario y exija adecuación.

Algunos creen que se puede eliminar la actividad minera para la semana que viene. Yo no creo eso. No cuento con evidencias que me permitan creer eso y, mucho menos, decirselo a la gente. Solo puedo pensar en medidas que reduzcan nuestra dependencia de minerales vírgenes y pensar en la obtención de esos minerales de un modo responsable. Es decir, “mínima expresión” de actividad extractiva y máxima responsabilidad y cuidado en esa labor. No conozco sitio del mundo ni economía que haya ido más allá de lo que planteo. Entiendo que algunos consideren que la mineria puede prohibirse y podamos prescindir de sus productos. Yo no sabría como estaríamos ahora escribiendo esto si no fuera por el cobre, plata, litio y centenares de minerales que en este momento estamos usando para que las computadoras, internet, etcétera.