“La presidente cuestiona la moral del periodismo cuando ella no activa la comisión para controlar a funcionarios públicos”, sostuvo el chaqueño Maldonado.
El diputado nacional Hugo Maldonado le exigió al Ejecutivo Nacional, a través de un proyecto, que ponga en funcionamiento la Comisión Nacional de Ética Pública creada por la ley de Ética Pública de 1999 que deberá ser integrada por ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, con el objeto de recibir denuncias de conductas contrarias a la ética para controlar a los funcionarios públicos.
Se trata de una Comisión destinada a recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de aplicación, frente a las denuncias incoadas y promover la actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes. En garantía del cumplimiento de la referida ley, la Comisión Nacional de Ética Pública, deberá ser integrada por ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, con el objeto de recibir denuncias de conductas contrarias a la ética pública y ejercer las demás competencias específicas legalmente conferidas, actuando como órgano independiente y con autonomía funcional.
“Las recientes declaraciones de la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionando la moral de los periodistas y reclamando por una ley de ética pública para esa profesión me llaman poderosamente la atención cuando todavía falta que se apliquen normas para controlar a los funcionarios”, expresó el parlamentario chaqueño y agregó “quieren controlar a los periodistas pero la Sra. Presidente no puede dar el ejemplo”, añadió.
El legislador agregó que “en la actividad periodística, la falta de ética no se resuelve con la acción de órganos de control estatales, ni son las leyes de ética pública, sino con las medidas adecuadas para mejorar la profesión”.
“Se trata de poner en ejercicio una herramienta institucional de significativa trascendencia para resguardar no solamente la ética de nuestros funcionarios públicos, sino el respeto de la seguridad jurídica y los principios republicanos consagrados por nuestra Constitución Nacional”, agregó Maldonado, para quien “debería preocuparnos la falta de constitución y puesta en funciones de la Comisión Nacional de Ética Pública, creada por la Ley de Ética Pública nº 25188 sancionada en el año 1999, como organismo encargado de hacer cumplir los códigos y normas de ética de la función pública”.
El diputado concluyó diciendo que “no puede desconocerse que existe un mandato constitucional sobre los deberes y pautas de comportamiento ético en la función pública, que debieran cumplirse íntegramente en nuestro sistema democrático, antes que reclamar nuevas leyes de ética en otros ámbitos ajenos a la actividad política, los cargos y empleos públicos”.
La designación de los once miembros que deben integrar dicha Comisión Nacional de Ética Pública debe corresponder, según la Ley 25188, uno a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno al Poder Ejecutivo de la Nación, uno al Procurador General de la Nación y ocho ciudadanos serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación.
Los miembros de la Comisión no podrán pertenecer al órgano que los designe y durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser re elegidos por un período. Teniendo en cuenta la amplia mayoría parlamentaria del oficialismo en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, la demora en constituir la Comisión Nacional de Ética Pública que establece la Ley de Ética Pública 25188, no resulta justificada.
