A instancias de los diputados Rogelio Frigerio y Pablo Tonelli, en el proyecto de declaración que impulsaron consideraron que en el proceso judicial hubo graves “irregularidades” y que se trata de “un acto de venganza del poder político local”.
Los legisladores de Juntos por el Cambio, por iniciativa de Rogelio Frigerio y con el asesoramiento jurídico de Pablo Tonelli, presentaron un proyecto de declaración en el que condenaron y reprobaron “el proceso de jury de enjuiciamiento seguido contra la fiscal Cecilia Andrea Goyeneche en la provincia de Entre Ríos, el cual genera preocupación en la ciudadanía por ser un proceso con diversas arbitrariedades”.
En ese sentido consideraron que la resolución “pone en riesgo la forma republicana de gobierno en la provincia de Entre Ríos y se expone a la República Argentina a eventuales responsabilidades internacionales ante la afectación de Derechos Humanos consagrados en instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país”.
En la nota recordaron que “como Fiscal Anticorrupción, la Dra. Goyeneche coordinó el equipo de fiscales que llevó adelante la investigación de distintas causas de corrupción en la provincia de Entre Ríos, entre ellas, aquella a partir de la cual resultó condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, por la comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado”.
Los diputados consideraron que Goyeneche “fue sometida a un proceso de enjuiciamiento con la finalidad de destituirla, en el que no solo se la suspendió en sus funciones, sino que, además, en su desarrollo se han verificado graves irregularidades, que no hacen más que evidenciar que el mismo constituye un claro acto de venganza del poder político local”.
En el texto sostienen que “entre los vicios más preocupantes del procedimiento de enjuiciamiento contra la fiscal, puede señalarse el apartamiento del órgano acusador natural, el Ministerio Público Fiscal y la creación de un órgano acusador ad hoc para esa tarea, que fue ejercido por un abogado de la matrícula, de estrechas relaciones con el poder político investigado”.
Finalmente, indicaron que “con todo lo expuesto, resulta evidente que este proceso de enjuiciamiento, cuyo repudio se expresa, vulnera la vigencia de la forma republicana de gobierno en la provincia de Entre Ríos (art. 6 CN) y expone a nuestro país a la responsabilidad internacional por violación de los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN)”.
El último miércoles el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el enjuiciamiento haya sido ejercida por un fiscal ad hoc.
