En un acalorada reunión, donde oficialismo y oposición protagonizaron una vez más fuertes discusiones sobre el proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, se definieron los testigos que serán citados a la primera audiencia de testimonios y se aprobaron ocho ampliaciones de prueba. 

De esas ampliaciones, dos fueron propuestas por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade para que se incorporen a la lista los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, y el fiscal federal de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques. Por otra parte, se rechazó una propuesta del titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, para que se convoque al presidente Alberto Fernández. 

Los legisladores de Juntos por el Cambio advirtieron por la ilegalidad de la prueba -que fue votada la semana pasada- y la violación de las garantías constitucionales, en cuanto a medidas que se requieren, como el pedido del registro de llamadas de Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, entre otras los de otras personas que resulten necesarias a la investigación. 

En el final de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, leyó los artículos que establecen que los testigos que sean citados están obligados a comparecer y, si se negaran, pueden llegar a ser ser traídos por la fuerza pública; mientras que aquellos que tengan causas penales pueden negarse a declarar. 

De acuerdo a lo votado, el próximo 23 de febrero serán citados: Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema;  Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.

Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura. Los jueces Ramos Padilla y Ramos también serán citados para la primera audiencia. 

Ferviente debate sobre la prueba y los testigos a citar 

Con una posición claramente en contra, arrancó desde Juntos por el Cambio el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien consideró que “esta prueba que han ofrecido no está destinada a probar el mal desempeño” sino que “apunta a hacer un show, a exponer a los jueces de la Corte y sus allegados”. El macrista habló de una “una extensión inusitada” de pedido de prueba que “afectaría a terceras personas que nada tienen que ver con la investigación”. 

Además, el legislador advirtió por la “violación del artículo 18 de la Constitución Nacional que protege las comunicaciones”. “A nuestro criterio la comisión no tiene facultades para requerir intercepciones telefónicas o entrecruzamiento de llamadas”, señaló y explicó que eso solo “debe hacerse por intermedio de un juez”. 

“Se está citando a una cantidad de gente que de ninguna manera tienen conocimiento directo adquirido a través de sus sentidos de los hechos denunciados”, observó, al tiempo que rechazó que se citen a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, “involucrados en esos chats que seguimos sosteniendo que son ilegales e insistiendo que no sabemos si son veraces”. 

En ese sentido, Tonelli afirmó que “más allá de que no se puede y no se debe hacer uso de esos chats, los señores Robles y D’Alessandro no pueden ser citados como testigos porque hay causas penales (a raíz de denuncias de gobernadores) en curso, en las que se están investigando si esos supuestos chats, en caso de haber existido, constituyen o no un delito”. 

Sobre ello, agregó que el artículo 444 del Código Procesal Penal indica que “los testigos no pueden declarar cuando la declaración los pueda someter a una investigación penal”. Por lo cual, podría ocurrir que ambos asistan y digan “me niego a declarar porque esto puede constituir una declaración contra mí mismo”, graficó el porteño y reafirmó: “Nos oponemos a esa prueba. Esas dos personas no pueden ser citados como testigos”. 

También, el diputado opositor calificó como “una locura” que pida “al voleo” las “llamadas entradas y salientes de todos los tribunales”. “Nos oponemos a todas las pruebas que se solicitan al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema para que informen sobre teléfonos de personas”, sumó y cuestionó que se piden hasta “los vídeos de una fiesta de cumpleaños privada; esto ya es el colmo. Mayor intromisión en la vida de las personas no se me ocurre”. 

El primero orador desde el oficialismo fue el jefe de la bancada, Germán Martínez, quien subrayó que “ya estamos en otro escenario, ya no estamos debatiendo un proyecto individual, ya no estamos discutiendo en términos específicos la consideración que pudo hacer nuestro bloque, ya estamos en otra etapa. Estamos trabajando en la etapa de investigación que está sostenida en los 14 expedientes”. 

“En las reuniones anteriores quedaron claros cuáles son los hechos sobre los que estamos trabajando y ya no solamente estamos trabajando sobre la posible causal de mal desempeño, sino que también estamos investigando la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, advirtió. 

En la misma línea que Tonelli, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, respondió: “Que estemos en una nueva etapa no significa que no tengamos que seguir cuidando la legalidad del proceso. Sin ser abogado defensor de nadie, nosotros somos custodios de un proceso que tenga que tramitarse con todas las garantías constitucionales. Que estemos en un juicio político no suspende ninguna garantía constitucional, al contrario, están plenamente vigentes y nosotros las tenemos que custodiar”. 

“La prueba se tiene que producir con legalidad”, insistió el vicepresidente de la comisión y agregó que “cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional, ya sea la intimidad, la privacidad, la propiedad y la libertad requieren la intervención de un juez”. 

López cuestionó además que “hay un desorden” sobre cómo se van a investigar los hechos y pidió que “empiecen a delimitar qué testigo va a venir y por qué hecho va a declarar”. 

Al igual que su par de JxC rechazó el pedido de comunicaciones, opinó que en algunos casos no tienen “nada que ver”, habló de que son “excursión de pesca” y chicaneó: “Si nos van a aceptar todas las pruebas, yo quiero saber con quién habla Cristina Kirchner”. 

Desde el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade aclaró que los testimonios de Robles y D’Alessandro ya estaban previstos en el informe de admisibilidad que se habían votado la semana pasada. En su discurso recordó una situación vivida en 1985 cuando el militar Luciano Benjamín Menéndez asistió a una comisión y, al salir del Congreso, “sacó un facón y amenazó a los manifestantes que lo estaban insultando. Inmediatamente Juan Carlos Pugliese (presidente de la cámara) ordenó su arresto y estuvo dos días presos”. 

“No estoy planteando que vamos a traer con un facón a Robles y D’Alessandro. Estoy planteando que tenemos muchas facultades para hacer cosas sin la necesidad de recurrir a los jueces”, remarcó. 

A su turno, Alejandro “Topo” Rodríguez, propuso que se cite al presidente porque fue “quien decidió que se inicie este intento de juicio político”. Incluso habló de que asista a la comisión luego de la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo. Pero Gaillard le aclaró que, de acuerdo al reglamento, “el presidente, la vicepresidenta y los gobernadores están exceptuados de venir a declarar”. Luego eso se votó y resultó rechazado. 

A favor del presidente se lo escuchó luego al diputado oficialista Juan Manuel Pedrini, quien expresó: “Alberto Fernández, lo decimos con todas las letras y no nos avergüenza, es un impulsor del juicio político, como lo fue Juan Domingo Perón en el ‘47 ante una Corte golpista. Y como lo fueron Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner contra la Corte de la mayoría automática. Ahora el impulso vino del primer magistrado de la Nación y va a ser un hito muy importante en su actividad presidencial”.