Los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) anunciaron el envío de un proyecto de ley para establecer el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA. 

Durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Bullrich destacó que esta es “la primera vez” que la iniciativa se impulsa desde el Poder Ejecutivo. “Nunca un Gobierno mandó un proyecto de juicio en ausencia”, dijo, por lo que consideró que esta decisión pone a la gestión libertaria “en la vanguardia de los cambios en materia penal, criminal y de justicia”. 

La ministra recordó que en el Congreso se debatieron distintos proyectos, y “de todos se sacaron ideas”, pero esta vez hay “un salto de calidad”. “Algunos apoyarán este proyecto porque tendrán la consciencia de no ser parte de la impunidad y otros dirán ‘bueno, pero el derecho tradicional’... El derecho siempre está vivo y crece con las necesidades de la sociedad”, sostuvo. 

Si bien mencionó la causa AMIA, la funcionaria aclaró que “este no es un proyecto con nombre y apellido, va a caber para muchas más causas de las que podemos imaginar. Sería mal de nuestra parte legislar por una causa”.

La última vez que el tema se debatió en el Congreso fue en 2019, durante la gestión de Cambiemos. En julio de ese año el proyecto llegó a tener dictamen en la Comisión de Legislación Penal, tomándose como base uno presentado por Daniel Lipovetzky. También se discutió sobre iniciativas de los oficialistas de ese entonces Luis Petri, Pablo Tonelli y Jorge Enríquez. 

En la conferencia, Cúneo Libarona mencionó que cuando los imputados se fugan y eluden el accionar de la justicia, “el proceso puede seguir varios caminos, pero todos los caminos son injustos, porque el expediente se paraliza, no avanza, o lo hace poco y sin rumbo, o directamente se archiva. La víctima o los familiares que sufrieron el delito se quedan un largo tiempo sin respuestas ni justicia” mientras el acusado “transita su vida por el mundo, hace pito catalán y se burla de la administración de justicia, la víctima y toda la sociedad”. 

Tras mencionar los “principios rectores” del Gobierno en materia judicial, el ministro abogó por pasar de “una justicia odiada por la sociedad” a una que sea “rápida, brinde soluciones concretas y sea respetada por todos”. 

Sobre la iniciativa, explicó: “El procedimiento que implementamos es razonable, justo y muy simple. Si el imputado no comparece o se fuga, sigue el juicio sin su presencia, con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el auto de procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, se sigue. Y si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa en términos de la Corte”. 

“La prueba no se pierde, esto es fundamental”, subrayó y reiteró que “se respeta completamente el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio” con la provisión “al imputado de un adecuado asesoramiento legal; no se vulnera de ninguna manera el principio de inocencia”. 

El proyecto está planteado para delitos graves del Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad), desaparición forzada de personas, torturas, financiamiento y proliferamiento de armas de destrucción masiva. 

“Esto no es un invento, esto existe en el mundo y orden jurídico civilizado: en España, Alemania, Austria, Francia, Italia. No está prohibido por ninguna norma constitucional, convencional o procesal”, afirmó Cúneo Libarona, quien cerró: “Esperamos que los diputados y senadores nos acompañen. Vamos por mucho más, esto es solo una parte. Vamos por mucho más, ya lo verán”. 

Al comenzar su intervención, Bullrich recordó: “Quizás no sentí nunca un momento de tanta sensación de impunidad y angustia como cuando siendo diputada entró al Congreso de la Nación el Pacto con Irán. Lo que hacía era poner a los autores de un hecho, buscados por la Justicia argentina, con tarjeta roja de Interpol a juzgarse a sí mismos en una comisión que no era una comisión judicial, era una comisión política. Lo votaron para hacer un acuerdo geopolítico con un Estado en vez de pensar en la justicia para las víctimas”. 

No obstante, apuntó que “mucha gente puede pensar que es un mecanismo procesal para juzgar el caso AMIA, pero lo que estamos haciendo es dar un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la justicia. La justicia va a tratar a todos por igual”. 

“Me encantaría como ministra de Seguridad que esto le caiga también a narcotraficantes, que se esconden con su plata y viven millonarios en otras partes del mundo, a contrabandistas, que viven defraudando al Estado, pero es un instituto importante que hay que ir paso a paso”, expresó y señaló que se seleccionaron “los delitos gravísimos, los que generan una angustia colectiva y un mal a toda la sociedad”. Pero, prometió que buscarán luego avanzar con “delitos de crueldad, de muerte o de crimen organizado”. 

Bullrich añadió que “esta es una ley que termina con la impunidad y que genera justicia para todos aquellos que de lejos están viendo a los asesinos y están sintiendo la impunidad”.