El proyecto de resolución recibió 141votos a favor, 64 en contra y 1 abstención. Reclaman al Poder Ejecutivo el listado de todas las obras suspendidas y paralizadas desde diciembre de 2023.
Con 141 votos a favor, 64 en contra y 1 abstención, se aprobó este martes en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la paralización de la obra pública en todo el país. Se trata de un dictamen que había sido firmado el año pasado en la comisión homónima, presidida por Bernardo Herrera (UP).
A través del texto, se solicita la nómina completa de las obras en ejecución financiadas por el Gobierno nacional en todo el país y se busca conocer el detalle de cuántos proyectos y obras fueron paralizadas, neutralizadas y suspendidas desde diciembre de 2023 a la actualidad.
Asimismo, consulta cuántas de esas obras corresponden a universidades, escuelas, hospitales, viviendas e integración sociourbana de barrios. También las fechas de paralización; los motivos; y los porcentajes de avance que tenían (financiero y físico).
El pedido de informes al PEN reclama el detalle sobre las obras financiadas por organismos internacionales (BID, CAF, Banco Mundial, entre otros); las financiadas por el Tesoro Nacional; el detalle de las obras paralizadas de naturaleza mixta, gestionadas por Nación y las provincias; y la cantidad de empleos que se vieron afectados. También se pregunta al Gobierno cuáles son las prioridades y planificación sobre obras públicas futuras.
En el rol de miembro informante, el diputado santiagueño José Herrera cuestionó que “sin ningún tipo de análisis, el presidente de la Nación decidió terminar con la obra pública”. Como titular de la Comisión de Obras Públicas alegó que “es un tema fundamental para nosotros”, y destacó que ha habido “muchos aportes en reuniones informativas”.
Sin embargo, continúo con las críticas en contra de la política del Gobierno nacional y especificó: “Con esto ha ahondado en una crisis social y económica en nuestro país dejando 3.500 proyectos inconclusos, perjudicando a 1.400 empresas de la construcción y lo más grave, se perdieron 100.000 empleos directos”.
Antes de finalizar la exposición, Herrera planteó que con “cada puesto que se pierde, se pierde otro más de manera indirecta y con cada vivienda que se abandona, se excluye a una familia de la vivienda digna”.
“Cada ruta que se abandona, atenta contra la conectividad del pueblo argentino y encarece el transporte”, aseveró.
De forma breve, el diputado nacional Ricardo López Murphy consideró que la política ejecutada por Milei “es insostenible en el largo plazo” dentro de un “marco de fragilidad normativa”. Añadió, además, que en este pedido de informes quiere que el Poder Ejecutivo brinde un plan de inversión pública y cuál es el trayecto sostenible”.