Tras la aprobación en el Senado de la ley que otorga un aumento del 7,2% y un bono móvil de $110.000 a jubilados, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la medida tendrá un costo fiscal de hasta 0,79% del PBI anualizado. También se prevén compensaciones para cajas provinciales y una mejora real del poder adquisitivo de hasta el 16%.
A una semana de la aprobación en el Senado de la ley que brinda un aumento para los jubilados, se conoció este jueves el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal de la medida.
La ley sancionada prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.
Según informa la OPC, el costo fiscal del aumento del 7,2% es de 1.673.494 millones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.
En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB)
Además, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).
La Oficina de Presupuesto del Congreso precisó también que sin la nueva norma, los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%.
Respecto al financiamiento previsto en la ley sancionada, este alcanza los $3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025.