La diputada nacional de la Coalición Cívica advierte al Gobierno nacional por el desfinanciamiento de hospitales públicos dentro del sistema de salud nacional. Llama a la Ley de Emergencia en Pediatría como "la respuesta a un clamor de médicos, enfermeros, pacientes y familias que ven, día a día, cómo se deteriora la atención de los niños más vulnerables del país".
En cadena nacional, el presidente Milei presentó el presupuesto 2026. Habló de números, de equilibrio fiscal y de supuestos logros. Pero detrás de esas planillas, hay realidades que no aparecen en los gráficos: el desfinanciamiento de hospitales clave para la vida de miles de argentinos. Entre ellos, el Hospital Garrahan.
El Garrahan no es un hospital cualquiera. Es un centro de referencia nacional y regional en pediatría de alta complejidad. Allí se atienden chicos de todo el país: más del 40% de los pacientes provienen del interior. Es un hospital que combina atención, docencia e investigación, y que ha formado generaciones de profesionales.
Sin embargo, en los últimos años su financiamiento se ha deteriorado gravemente. Algunos datos lo muestran con claridad:
Recursos humanos: más del 30% de los profesionales médicos y de enfermería han renunciado o reducido su carga horaria en los últimos años, por salarios que quedaron muy por debajo de la inflación. Esto significa menos guardias cubiertas y más demoras en turnos y cirugías.
Insumos y tratamientos: la compra de medicamentos oncológicos, hemoderivados y materiales descartables sufrió recortes y atrasos. Muchos tratamientos de alta complejidad se han visto interrumpidos o demorados.
Infraestructura: proyectos de ampliación y renovación de áreas críticas —como terapia intensiva y quirófanos— quedaron congelados por falta de fondos.
Presupuesto real: aunque el presupuesto nominal aumentó, en términos reales cayó más de un 25% respecto a 2019, medido en dólares y ajustado por inflación.
Este es el verdadero contexto de la Ley de Emergencia Pediátrica que sancionamos en el Congreso. No fue una bandera partidaria ni un gesto simbólico. Fue la respuesta a un clamor de médicos, enfermeros, pacientes y familias que ven, día a día, cómo se deteriora la atención de los niños más vulnerables del país.
El veto presidencial desconoce esa realidad. Con el pretexto del ajuste, se condena a miles de chicos a esperar más, a tener menos atención, a ver interrumpidos sus tratamientos. No son cifras: son vidas.
Por eso insistimos en rechazar este veto. Porque defender al Garrahan es defender la salud pública, la equidad federal, la investigación científica y, sobre todo, la vida de nuestros hijos y nietos.
El equilibrio fiscal no puede construirse sobre el sufrimiento de los niños. No se trata de oficialismo u oposición, sino de humanidad y de responsabilidad ética del Estado.
El Garrahan no se toca. Y la emergencia pediátrica es real.